Este lunes 2 de junio, desde las 9.30, se realizará en el Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba la última audiencia del juicio conocido como “Barreiro II” o “Causa Civili”, donde se juzga al exmilitar Guillermo Ernesto Barreiro, acusado de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados contra Carlos Alberto Civili y su hermano Luis Roberto Civili, ya fallecido. La fiscalía solicitó una pena de 18 años de prisión, aunque pidió que, en caso de condena, se unifique con sus condenas anteriores y se le imponga prisión perpetua.
Se trata del 16º juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Córdoba. Guillermo Barreiro fue jefe de la Sección Primera o Política del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército. Puede asistir cualquier persona mayor de 18 años con DNI, dado que los juicios son orales y públicos. La audiencia tendrá lugar en Faustino Allende 866.
La causa investiga lo ocurrido en agosto de 1978, cuando los hermanos Civili, que habían viajado desde Tucumán a Córdoba para presenciar el «salto de bautismo» de su hermano menor, Jaime Darío Civili —quien cumplía con el servicio militar obligatorio en el Regimiento 14 Aerotransportada—, fueron secuestrados por miembros del Tercer Cuerpo de Ejército en las cercanías del cuartel.
Los Civili fueron llevados a una instalación militar no identificada y, tras aproximadamente diez horas, fueron reducidos y trasladados al centro clandestino de detención Campo de La Ribera, donde permanecieron cautivos durante diez días. Allí fueron víctimas de torturas físicas y psíquicas, constantes comentarios denigrantes, amenazas e interrogatorios forzados. El objetivo era extraer información sobre militantes, organizaciones políticas o agrupaciones.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que Barreiro, junto con otros miembros del Destacamento 141 aún no identificados, fue responsable directo de estos tormentos. La acusación señala además que la planificación, coordinación, provisión de recursos y encubrimiento de estos crímenes fue ejecutada por jerarcas del Ejército Argentino que ya fallecieron y no llegaron a ser juzgados.
Los fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo solicitaron al Tribunal una condena de 18 años de prisión y que, dado el historial de tres condenas previas que posee Barreiro por delitos similares, se le imponga una pena única de prisión perpetua e inhabilitación absoluta.
Este nuevo juicio representa otro paso en la lucha por memoria, verdad y justicia, acompañada de forma activa por organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y una ciudadanía comprometida con que estos crímenes no queden impunes.
