Con una mezcla de preocupación, resistencia y compromiso comunitario, miles de bibliotecas populares en todo el país se encuentran en estado de alerta frente al avance del decreto 345/25, firmado por el presidente Javier Milei y publicado el pasado 22 de mayo. La medida, que será evaluada esta semana en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, plantea la reestructuración de varios organismos culturales y, en ese marco, la pérdida de autarquía de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).
Desde su creación en 1870 por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, la Conabip ha sido una herramienta clave en la promoción de la lectura, el fortalecimiento de las comunidades locales y el acceso igualitario al conocimiento. Respaldada por la Ley 23.351, esta institución cuenta con autonomía administrativa y un presupuesto propio equivalente al 1% de lo recaudado por la Lotería Nacional. El decreto de Milei eliminaría esa independencia, trasladando el manejo de fondos a la Secretaría de Cultura y limitando severamente su capacidad operativa.
“No importa si estamos en una capital o en un pueblo. Si se aprueba este decreto, nada garantiza que los fondos lleguen a nuestras bibliotecas”, advirtió María Maiztegui, voluntaria con más de 30 años de trabajo en la Biblioteca Popular Mi Jardín. Como ella, miles de bibliotecarios, lectores, organizaciones civiles y exfuncionarios se movilizaron en defensa de un modelo que conjuga el compromiso del Estado con el esfuerzo voluntario de las comunidades.
Uno de los aspectos más cuestionados del decreto es la posible eliminación de subsidios fundamentales para el funcionamiento de las bibliotecas. Entre ellos, el emblemático programa Libro%, que permite adquirir libros al 50% de su valor durante la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, y los aportes destinados a mantenimiento edilicio, servicios de conectividad y sostenimiento diario de las instituciones.
También se cuestiona fuertemente la propuesta de reemplazar la actual Junta Consultora de la Conabip —integrada por representantes de todas las provincias y garante del carácter federal del organismo— por un Consejo Asesor de apenas cinco miembros designados directamente por el secretario de Cultura. Para quienes se oponen a la medida, esto implicaría una pérdida de pluralidad y participación real de las comunidades en las decisiones que afectan su destino.
“Empezamos a temblar cuando se habló del Fondo Nacional de las Artes, pero esto fue aún más inesperado”, expresó Perla Rita Martínez, presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares de Córdoba (Febipo), en relación al avance del decreto. En Córdoba, como en muchas provincias, las bibliotecas populares son más que centros de lectura: son espacios de contención, acceso digital, talleres y encuentro comunitario.
La reacción fue rápida y transversal. Exministros de Cultura de distintos gobiernos, expresidentes de la Conabip, redes internacionales de bibliotecas, asociaciones civiles y colectivos ciudadanos como Bibliotecas Populares en Lucha hicieron llegar al Congreso una carta solicitando el rechazo del decreto, alertando sobre las consecuencias que tendría desarticular un modelo elogiado a nivel internacional.
“La Conabip representa una alianza entre Estado y sociedad civil que funciona. El voluntariado que sostiene estas bibliotecas es una forma de participación democrática y un ahorro enorme para el Estado”, explicó Guadalupe Meroño durante una reciente intervención ante la Comisión de Cultura de Diputados.
La decisión que tome el Congreso esta semana podría marcar un punto de inflexión. No solo para el futuro de la Conabip, sino también para el modelo de acceso igualitario y comunitario a la cultura en Argentina. Mientras tanto, en cada rincón del país, las bibliotecas populares siguen abiertas, con voluntarios comprometidos, actividades culturales y estanterías llenas de libros que podrían quedar sin respaldo si el decreto avanza.
