La justicia cordobesa solicita llevar a juicio a veinticuatro ex miembros de las fuerzas policiales y militares por delitos de lesa humanidad perpetrados en la provincia, mayormente en Río Cuarto, entre 1975 y 1978, afectando a setenta víctimas, muchos de ellos vinculados a la Universidad Nacional de Río Cuarto.
La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en la jurisdicción Córdoba requirió el juicio oral y público para 24 ex policías provinciales y federales, así como ex militares, en el marco de la investigación conocida como la «Causa Gutiérrez». Los crímenes incluyen privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual.
Los acusados provienen de diversas fuerzas, incluyendo la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal Argentina, la Unidad Regional Sur (URS) de la Policía de Córdoba, el Departamento de Informaciones (D2), el Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, el Regimiento de Infantería Aerotransportada N°2 y la Policía Militar. La fiscalía, con la firma de Carlos Gonella y los auxiliares Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, detalló 62 hechos en su pedido de elevación a juicio.
Gran parte de las víctimas eran estudiantes, docentes o personal no docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y en uno de los casos, el secuestro se produjo dentro de la propia casa de estudios. Se ha señalado que muchos estaban vinculados a la Juventud Universitaria Peronista y el Peronismo de Base.
Entre los casos destacados se encuentra el del militante del Partido Comunista, Gabriel Braunstein Maiden, quien continúa desaparecido. Fue secuestrado el 10 de junio de 1976 en su domicilio de Río Cuarto, y aunque su cuerpo nunca fue identificado con certeza, existen indicios de que un cadáver hallado calcinado en Calamuchita podría ser el suyo.
Otro caso trágico es el del matrimonio de docentes universitarios Ernesto Silber y Juana Josefa Chessa. Fueron secuestrados el 9 de agosto de 1976; Silber, vinculado a «Montoneros», fue sometido a brutales torturas, incluyendo la práctica del «submarino», que le provocaron la muerte por asfixia, siendo su deceso presentado falsamente como un suicidio. Su esposa fue liberada ocho días después.
Los hechos ocurrieron en instituciones que operaban como centros clandestinos de detención y tortura, como las sedes de la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal y la URS en Río Cuarto, el Batallón Arsenales José María Rojas en Holmberg, la jefatura de la Subárea 3115, el edificio del D2 y la Unidad Penitenciaria N°1, además de La Perla y Campo la Ribera. El requerimiento también abarca casos iniciados en Rosario, Santa Fe y San Luis, cuyas víctimas fueron trasladadas a Córdoba. La fiscalía subraya la existencia de memorandos que corroboran las tareas de inteligencia sobre la militancia política en Río Cuarto y la universidad.
