Irregularidades, amenazas y la falta de soluciones habitacionales marcan un operativo conjunto del gobierno provincial y municipal con la empresa Camino de la Sierra, que afectó a Miralta, Renacimiento y El Platito. La Mesa de Barrios Populares de Córdoba califica la acción como un atropello aberrante y exige soluciones integrales para las familias afectadas.
El reciente operativo de desalojo y relocalización llevado a cabo a principios de junio en los barrios populares Miralta, El Platito y Renacimiento en Córdoba, ha sido objeto de graves denuncias por parte de la Mesa de Barrios Populares de Córdoba. Según Débora Koraj, militante e integrante de dicha mesa, el proceso dejó a muchas familias en situación de calle y otras viviendo hacinadas en el barrio CEPA.
La Mesa de Barrios Populares de Córdoba, ha presentado un reclamo formal ante la Municipalidad, calificando el operativo como salvaje y un atropello aberrante a los derechos de las familias. Se denuncia que la acción se llevó a cabo sin ninguna orden judicial, sin asambleas ni diálogo previo con los afectados. «Las autoridades y la empresa Camino de la Sierra no hablaron correctamente como persona civilizada, sino que fueron directamente con las topadoras, aplastando las casas» afirma Koraj.
Entre las denuncias más graves se encuentran amenazas directas a las familias, como el caso de una madre a quien la amenazaron con quitarle a sus hijos si no abandonaba su vivienda, forzándola a salir mientras pasaban las topadoras. Como resultado, una familia de tres integrantes se encuentra actualmente en situación de calle.
Las consecuencias del desalojo van más allá de la pérdida de viviendas: las familias reubicadas en CEPA están hacinadas y carecen de acceso a servicios básicos como agua y controles de salud. Además, el movimiento de suelo realizado por las topadoras puso en riesgo de derrumbe a otras viviendas cercanas que no fueron directamente desalojadas. La compañera Débora señala que: «el hábitat no es solamente una vivienda, sino también el entorno, y muchos niños se quedaron sin ir al colegio por semanas».
La Mesa de Barrios Populares ha intentado obtener respuestas de las autoridades, presentando una nota explicativa sobre las problemáticas, pero «sinceramente nos cerraron las puertas, no quieren hablar sin solución a esas demandas, que incluyen soluciones para las familias, acceso a agua, seguridad y un entorno digno» afirma la referenta popular.
La organización y los vecinos continúan luchando y se están organizando en asambleas para visibilizar la problemática y buscar soluciones. Desde la Mesa se cuestiona por qué no se pensó en urbanizar estos barrios populares, existiendo una ley que los ampara, en lugar de realizar un desalojo de esta magnitud.
