Para conocer más sobre el impacto de estos anuncios, desde Radio La Ranchada conversamos con Estela Giménez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (UTS), quien consideró que los avances son importantes, aunque aún insuficientes.
Según explicó Giménez, la asignación estímulo se gestó como un reclamo de larga data. “Lo venimos planteando desde la época de la gestión de Fortuna. En los hospitales atendemos a personas mutualizadas, la provincia les cobra y ese dinero iba a rentas generales. Nosotros pedíamos que vuelva al hospital y a los trabajadores como forma de estímulo”, sostuvo. A partir de ahora, parte de esa recaudación se redistribuirá: una porción irá a las instituciones y otra, más pequeña, al personal. Sin embargo, desde el gremio consideran que la medida es “desigual, insuficiente y discriminatoria”.
“En la provincia somos unos 16 mil trabajadores. Al 90% les han dado un bono de 108 pesos con 90 centavos semestrales, mientras que a menos del 10% se les otorgó 558 mil pesos. Tendría que haber sido igual para todos. Por ejemplo, una enfermera de terapia tiene la misma formación que otros profesionales y no se reconoce”, reclamó. Este bono será semestral y, según lo anunciado, el próximo se entregará en noviembre. A partir de 2025, el esquema de pago será en marzo y septiembre.
El otro anuncio clave fue la reglamentación de la Ley 10.889, que representa un reclamo histórico del sector. Giménez detalló que se trata de una norma que busca equiparar derechos y reconocer formalmente los títulos de grado de todos los profesionales de la salud pública.
Hasta ahora, según explicó, la ley vigente (Nº 7625) establecía una escala de cinco grupos ocupacionales, en la cual solo cinco profesiones eran reconocidas como de “cabeza de universidad”: medicina, bioquímica, odontología, psicología e ingeniería. El resto de los títulos de grado quedaban en escalas inferiores, lo que repercutía directamente en sus salarios.
“Pedíamos que todos los títulos de grado pasen al grupo uno y se mejore esa calidad. Eso también sirve para estimular la formación académica y el crecimiento profesional. Esta ley lo contempla y también habilita que los compañeros de la ley 7233 –administrativos y servicios generales– puedan optar por pasarse al régimen de salud, con mejor salario, menor carga horaria y mejores condiciones jubilatorias”, expresó.
Desde UTS destacan que esta conquista es fruto de años de lucha: “La presentamos en 2020, la masificamos en 2022 con las movilizaciones, se aprobó en mayo de 2023 y recién ahora se reglamenta, después de muchas trabas, sobre todo del Sindicato de Empleados Públicos”, señaló Giménez.
Pese al anuncio, desde UTS se mantienen en alerta. “Estamos esperando que salga la reglamentación en el Boletín Oficial para ver si no hay sorpresas. Lo lógico sería que también beneficie a quienes están contratados hace años y tienen los mismos títulos que quienes están en planta permanente”, subrayó.
Además, Giménez alertó sobre la crítica situación que atraviesan los hospitales públicos. “Estamos saturados. La demanda del 30 o 35% que menciona Llaryora no se da solo en invierno, viene desde hace un año. Refuerzan personal solo en invierno y después les dan de baja, a veces en octubre. Hace año y medio que no entra gente por contrato, todos entran por monotributo, y si a la provincia se le ocurre, les da de baja sin previo aviso”, denunció.
Para finalizar, expresó: “Los compañeros están muy precarizados, y eso también es un riesgo para la salud pública. Pero más allá de eso, hay entusiasmo, porque cualquier mejora, aunque sea mínima, es bienvenida”.
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