La Justicia anuló el DNU que limitaba el derecho a huelga y la CGT celebró el fallo

La central obrera reafirmó su postura: “No vamos a permitir que se vulneren derechos”.
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La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró este lunes un fallo clave de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que confirmó la inconstitucionalidad de los artículos centrales del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2024, impulsado por el Gobierno para regular huelgas en sectores considerados estratégicos.

A través de un comunicado oficial, la CGT afirmó: “La Justicia ratificó lo que sostenemos desde el primer momento: el DNU que pretendía limitar el derecho a huelga es ilegal e inconstitucional. Es una victoria de los trabajadores y de la democracia sindical”.

¿Qué resolvió la Cámara del Trabajo?

La sentencia, dictada por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado de la Sala IV, rechazó la apelación del Estado nacional y ratificó el fallo de primera instancia de la jueza Moira Fullana, que había hecho lugar a un amparo presentado por la CGT.

En el fallo, los magistrados remarcaron que el Poder Ejecutivo Nacional no cumplió con los requisitos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional para emitir un DNU. Además, subrayaron que la Comisión Bicameral Permanente del Congreso nunca se pronunció sobre el decreto, lo que afectaba directamente su validez.

El DNU, dictado el pasado 21 de mayo, obligaba a los sindicatos de sectores estratégicos —transporte, educación y salud— a garantizar entre un 50% y 75% de prestación de servicios durante medidas de fuerza. La Cámara sostuvo que esta disposición restringía de forma inconstitucional el derecho a huelga, una herramienta esencial para la defensa de los derechos laborales.

El fallo se suma a otras decisiones judiciales que pusieron límites al alcance del DNU del Gobierno. Recientemente, la Justicia ya había suspendido la eliminación del Día del Trabajador del Estado, otra de las medidas incluidas en decretos similares.

“No vamos a permitir que se vulneren derechos que son la base de la justicia laboral y social”, concluyó la CGT, que considera esta decisión un freno a lo que interpreta como una política de restricción de derechos y libertades sindicales.

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