Según expusieron en un comunicado oficial, el conflicto surge por la exigencia de que los propios adjudicatarios de viviendas financien onerosas obras de ampliación de red para poder acceder al servicio, una situación que la entidad califica de “extorsiva” y carente de respaldo normativo. La cooperativa sostiene que esta práctica podría desestabilizar su modelo de vivienda social, autofinanciado y sin fines de lucro, que ya lleva más de cuatro décadas en funcionamiento y con 20.000 hogares entregados.
Desde Horizonte aseguran que la conducta del Ejecutivo municipal constituye una violación sistemática a normativas nacionales y provinciales que garantizan el derecho humano al agua potable. Citando tratados internacionales, leyes locales y el propio marco regulatorio del servicio público en Córdoba, la entidad remarca que es el Estado —en este caso, el Municipio— quien tiene la obligación de realizar las obras necesarias para ampliar las redes y garantizar la conexión.
Incluso mencionan el convenio firmado en 2019 entre la Provincia y la Municipalidad, donde se establece de manera explícita que la responsabilidad de estas obras recae sobre la administración local. No obstante, en expedientes internos del propio municipio, se reconoce que no se han planificado intervenciones en los barrios desarrollados por la cooperativa.
La denuncia sostiene que la falta de acceso al agua afecta cada año a unas 900 familias nuevas, es decir, alrededor de 75 por mes. Horizonte advierte que este “incumplimiento deliberado” podría derivar en una crisis habitacional de gran escala y representa una amenaza directa al desarrollo de soluciones habitacionales populares.
“Estamos frente a una maniobra que busca trasladar el costo de infraestructura pública a usuarios que no tienen ninguna obligación legal de asumirlo. Si cediéramos, estaríamos comprometiendo la sostenibilidad del sistema y poniendo en riesgo la entrega de futuras viviendas”, explicaron desde la entidad.
Pese a los intentos por abrir instancias de diálogo con la gestión municipal, Horizonte afirma que no obtuvo respuestas concretas. Según la cooperativa, las intervenciones públicas de los secretarios Gabriel Martín (Ambiente) y Diego Peralta (Desarrollo Urbano) no solo resultaron insuficientes, sino que también evidencian un desconocimiento o una tergiversación de la normativa vigente.
Desde la entidad recordaron que las tasas incluidas en las facturas del servicio, como el ex “Cargo Tarifario” (hoy CFIS), están destinadas precisamente a financiar este tipo de obras. Por eso, exigen transparencia sobre el uso de esos fondos y advierten sobre una posible malversación.
La acción presentada incluye amparos, medidas cautelares y denuncias penales con el objetivo de que la Justicia ordene el restablecimiento inmediato del servicio, tal como venía ocurriendo históricamente en cada entrega de viviendas. “Durante más de 43 años cumplimos con nuestro compromiso social sin recibir subsidios ni trasladar obligaciones al Estado. Lo único que pedimos ahora es que las autoridades municipales hagan su parte y respeten la ley”, concluyeron desde Horizonte.
Un conflicto que escala cada vez más
Carlos Moro, presidente de la cooperativa, explicó en La Despensa que agotaron las instancias de diálogo y que el conflicto ya afecta a más de 150 familias. “La ley es clara: la obligación de extender las redes de agua en la ciudad es de la Municipalidad de Córdoba. Sin embargo, lo que están haciendo es exigir a las cooperativas que afronten obras públicas millonarias, que no les corresponden ni a las organizaciones ni a sus asociados”, señaló.
La cooperativa presentó denuncias penales contra Aguas Cordobesas y acciones legales contra funcionarios municipales, incluyendo al propio intendente, por lo que consideran un incumplimiento de deberes de funcionario público. Según Moro, la negativa o el silencio de las autoridades está frenando el acceso al agua en nuevos barrios y paralizando planes de vivienda que vienen desarrollando hace años.
“Lejos de recibir apoyo, como establece la ley, estamos siendo obstaculizados. No se trata de falta de recursos: hay un fondo específico, el Fondo para el Financiamiento del Saneamiento del Agua Potable, que se recauda con cada factura de agua. Sin embargo, encontramos gastos imputados a otras partidas como asfalto con cuneta, o incluso obras duplicadas en presupuestos de años consecutivos. Todo esto también fue denunciado ante la Justicia”, agregó.
Desde la cooperativa remarcan que sus asociados no son desarrollistas ni especuladores inmobiliarios, sino familias trabajadoras que se organizan para acceder a su casa propia. “Compran el lote con su esfuerzo, construyen su vivienda, ejecutan los servicios internos y ni siquiera están pidiendo la tierra ni la casa al Estado. Solo pedimos lo que la Constitución garantiza: una vivienda digna con los servicios conexos, en este caso el agua potable”, sostuvo Moro.
El impacto es directo: hay viviendas ya terminadas, listas para ser habitadas, que no pueden ser ocupadas porque no cuentan con acceso al agua. Algunas familias debieron recurrir a amparos judiciales. En uno de estos casos, el Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Municipalidad garantizar el suministro a través de camiones cisterna. “Eso no es una solución, es apenas un parche. Lo que se necesita es una respuesta estructural”, remarcó.
Finalmente, Moro aseguró que el reclamo sigue por dos vías: el diálogo —“siempre estará abierto”— y la justicia. “Estamos defendiendo el derecho a la vivienda y al agua de cientos de familias. Y también queremos abrir este debate a la sociedad: ¿Qué está pasando con el agua en Córdoba? ¿Quién garantiza los derechos de aquellos que no logran encajar en sistemas de financiación privados?”.
Escuchá la nota completa con Carlos Moro acá:
