La Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba resolvió extender por otros 10 días hábiles el período de conciliación obligatoria en el marco del conflicto laboral que involucra a 250 trabajadores despedidos por la empresa Petroquímica Río Tercero. La medida busca abrir una nueva instancia de diálogo entre las partes, aunque hasta ahora no se registraron avances concretos en la negociación.
La decisión de la cartera laboral llega luego de tres semanas sin resultados desde la primera resolución de conciliación obligatoria, que fue acatada tanto por la empresa como por el sindicato. Sin embargo, según los referentes gremiales, la empresa no presentó ninguna propuesta concreta respecto del futuro de los trabajadores afectados.
Desde el Sindicato de Trabajadores Químicos de Río Tercero, adelantaron que acatarán esta nueva prórroga, pero reclaman con firmeza que las autoridades provinciales exijan a la empresa una definición urgente. “Ya pasaron tres semanas y la empresa sigue sin ofrecer nada. No hay intención de diálogo ni de construir una alternativa. Queremos que la Secretaría intime a Petroquímica a que dé una respuesta”, señalaron desde la conducción del gremio.
La situación involucra a 250 operarios y empleados administrativos, tanto de la planta ubicada sobre la Avenida General Savio en Río Tercero, como de las oficinas comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según manifestó la propia empresa, la decisión de cesantear a estos trabajadores responde a la finalización de la producción de TDI (tolueno diisocianato), un insumo químico clave en la fabricación de espuma de poliuretano, cuya producción dejó de realizarse localmente debido a su importación desde China.
El reemplazo del TDI nacional por producto importado significó el cierre de una de las principales líneas de producción de la planta, y con ello, la desvinculación masiva de trabajadores que quedaron sin funciones asignadas.
La empresa justificó la medida como una consecuencia de una reestructuración productiva, aunque no ofreció alternativas como reubicación laboral, retiros voluntarios o capacitación para reconversión de tareas.
El conflicto no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que también preocupa a toda la comunidad de Río Tercero, una ciudad con fuerte impronta industrial, donde la petroquímica ha sido históricamente una de las principales fuentes de empleo privado.
Desde el gremio advirtieron que el impacto social de 250 despidos sería devastador, afectando no solo a las familias trabajadoras, sino también al entramado económico local. “Estamos hablando de cientos de familias que pueden quedarse en la calle. Eso repercute en el comercio, en los servicios, en la vida diaria de toda la ciudad”, remarcaron.
Los próximos días serán decisivos. Desde el gremio anunciaron que esta nueva etapa de conciliación no podrá ser prorrogada nuevamente, y en caso de que la empresa no presente una propuesta concreta, iniciarán medidas de fuerza, incluyendo la toma de la planta.
“Si en estas dos semanas no hay señales claras, vamos a tomar la fábrica. No podemos permitir que nos echen sin ninguna alternativa, sin diálogo ni compensación. Queremos trabajar y defender nuestras fuentes de empleo”, afirmaron desde la comisión directiva del sindicato.
En este escenario tenso, la Secretaría de Trabajo provincial tiene un papel clave. Aunque por el momento se ha limitado a renovar la conciliación obligatoria, el gremio exige una mayor intervención estatal para garantizar el empleo y presionar a la empresa a negociar de buena fe.
