En las próximas semanas podría conocerse el veredicto de uno de los juicios por delitos de lesa humanidad más relevantes en la historia reciente de Santa Fe. Se trata del proceso que investiga los crímenes cometidos en Villa Constitución en 1975, durante la feroz represión contra los trabajadores que participaron del proceso conocido como El Villazo.
Este episodio histórico, que tuvo lugar en pleno gobierno constitucional de Isabel Perón, es reconocido por organismos de derechos humanos como una de las antesalas de la dictadura cívico-militar que se instauraría oficialmente en marzo de 1976. Los hechos se desataron tras un intenso proceso de organización sindical y lucha obrera impulsado principalmente por trabajadores metalúrgicos de Acindar S.A. y miembros de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que reclamaban contra la intervención y la burocratización de los sindicatos.
Aquel ciclo de movilizaciones populares, conocido como El Villazo —en referencia al Cordobazo o al Viborazo— fue respondido con violencia estatal y empresarial. A instancias del entonces ministro José López Rega y con el apoyo de fuerzas policiales, los directivos de Acindar, Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo, promovieron una represión brutal contra 57 personas: trabajadores, militantes sindicales y dirigentes gremiales, que fueron secuestrados, torturados y, en muchos casos, asesinados.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó penas severas y de cumplimiento efectivo en cárcel común para los principales imputados del juicio. En particular, pidió prisión perpetua para Pellegrini y Torralvo, a quienes se acusa de ocho homicidios agravados, 29 secuestros y torturas, además de su participación en una asociación ilícita represiva.
En el mismo sentido, se solicitaron condenas de hasta 25 años de prisión para integrantes de fuerzas de seguridad federales y provinciales, entre ellos el exfederal Roberto Álvarez y Amadeo Chamorro, exmiembro de la Guardia Rural “Los Pumas” de la policía santafesina. Ambos están acusados por decenas de casos de privación ilegítima de la libertad y tormentos.
Además, la fiscalía pidió 25 años de prisión para otros once expolicías federales, implicados en 23 casos similares. Para otros acusados como Aníbal Lozano Windus y Oscar Roberto Giai, las penas solicitadas fueron de 16 y 14 años respectivamente. En tanto, Horacio Miguel Nardi y Juan De Jesús Martínez enfrentarían condenas de 10 años por delitos similares.
Medidas reparatorias y memoria activa
Además de las penas, el MPF solicitó una serie de medidas reparatorias para las víctimas y sus familias, en línea con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entre las propuestas se destaca:
- La publicación del veredicto en los principales medios de Villa Constitución.
- La señalización como ex centros clandestinos de detención de la Jefatura de Policía local, la delegación Rosario de la Policía Federal y la sede de Prefectura Naval Argentina en la ciudad.
- Que las empresas involucradas como Acindar registren en los legajos de las víctimas la verdadera causa de sus ausencias: no fue abandono laboral, sino consecuencias de desapariciones forzadas, detenciones ilegítimas o asesinatos.
El MPF también solicitó que el tribunal reconozca la participación activa en la represión de integrantes del Ejército Argentino, la Prefectura Naval y la organización parapolicial Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
Este juicio ha sido considerado emblemático para el movimiento de derechos humanos por su carácter revelador de la connivencia entre sectores empresariales, fuerzas de seguridad y organismos del Estado en la antesala del terrorismo de Estado.
Se espera que el proceso continúe este lunes 4 de agosto con los alegatos finales de las defensas, y que el veredicto definitivo sea dado a conocer en el mes de septiembre.
