Debaten una nueva ordenanza para regular el desarrollo urbano: críticas por la falta de participación vecinal

El proyecto impulsado por el Ejecutivo municipal busca establecer instrumentos de planificación, concertación y sostenibilidad en toda la ciudad.
CLIMA

La Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante de Córdoba continúa debatiendo un ambicioso proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo municipal. El objetivo de la iniciativa es establecer un nuevo marco regulatorio para los instrumentos urbanísticos que rijan la planificación, la concertación público-privada y la sostenibilidad ambiental en todo el territorio capitalino.

El último encuentro, presidido por el concejal Pedro Altamira (bloque Hacemos Unidos por Córdoba), se realizó el pasado martes y contó con la participación de representantes de universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

Desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Mónica Martínez aclaró que su intervención no representaba una postura oficial de la institución, pero valoró la propuesta como “necesaria y positiva”. Martínez subrayó la importancia de integrar la sostenibilidad en el marco normativo y señaló que Córdoba tiene un fuerte atraso en este aspecto.

La docente también remarcó que los instrumentos de planificación deben ser transversales y enmarcarse en un plan general del espacio público. En cuanto a la concertación, consideró fundamental institucionalizar la participación entre el sector público y el privado.

A su vez, se anticipó que otras universidades, como la Católica de Córdoba y la Blas Pascal, serán invitadas a enviar por escrito sus opiniones sobre el proyecto.

Desde el Colegio de Arquitectos, Román Garavano defendió la necesidad de que el Estado “lidere la planificación urbana” y calificó como innovadora la herramienta de los polígonos de acción concertada, los cuales podrían someterse a concursos públicos para promover diversidad de enfoques. Garavano también explicó que la normativa no reemplaza completamente a la actual, pero sí deroga la ordenanza de convenios urbanísticos, otorgándole un mayor control estatal a ese instrumento, hasta ahora aplicado como regla más que como excepción.

El Colegio valoró además que las nuevas herramientas permitirán intervenir sobre zonas específicas, con un enfoque más adecuado a la diversidad de los más de 400 barrios de la ciudad. “Hasta ahora no había instrumentos para atender problemáticas concretas, como sí sucede en Rosario o Buenos Aires”, puntualizaron.

Por su parte, Guillermo Medina, del Colegio de Corredores Inmobiliarios, propuso la creación de un Consejo Consultivo que incluya a todos los actores involucrados. “Conocemos la ciudad en su totalidad y podemos aportar una visión integral. Es clave establecer indicadores de sostenibilidad que garanticen transparencia en la definición de plusvalías y beneficios fiscales”, señaló.

Desde la Cámara de Desarrollistas Urbanos (Ceduc), Lucas Salim celebró el avance del proyecto, al que calificó como “el primer intento serio” de abordar la planificación urbana de manera integral. El empresario planteó sugerencias orientadas a reducir cargas impositivas, mejorar la previsibilidad de los procesos y comenzar a aplicar los cambios de manera escalonada: “Propongo que se pruebe con dos Polígonos de Acción Concertada, uno gestionado por la Municipalidad y otro por desarrolladores privados, para evaluarlos en un período de cinco años”, propuso.

Catalina Molinati, en representación de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, expresó su adhesión general al proyecto, aunque advirtió sobre la necesidad de avanzar hacia un plan urbano integral. “La densificación es necesaria, pero no puede ser ilimitada ni arbitraria. La norma debe aplicarse con coherencia”, remarcó.

No obstante, varias voces ciudadanas expresaron preocupación por la falta de participación vecinal en la elaboración del proyecto. Virginia Romanutti, de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, advirtió que la iniciativa “no garantiza transparencia ni mecanismos claros de participación ni rendición de cuentas”. En sintonía, representantes de centros vecinales de barrios como Villa Belgrano, Cerro de las Rosas y Alberdi, así como de la Asociación de Amigos de la Reserva San Martín, sumaron críticas en el mismo sentido.

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