El Gobierno nacional sufrió una de sus derrotas más significativas en el Congreso desde el inicio de su gestión. En una sesión maratónica que se extendió por más de doce horas, la Cámara de Diputados dio media sanción a proyectos fundamentales impulsados por una oposición que, pese a sus diferencias internas, logró unificarse en torno a un objetivo común: poner un freno a medidas centrales del Ejecutivo, visibilizar demandas sociales urgentes y disputar la iniciativa política en un año marcado por tensiones institucionales y sociales.
La sesión comenzó este martes a las 12.20 con la presencia de 131 legisladores, número justo para alcanzar el quórum y habilitar el debate. Participaron bloques de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y siete diputados radicales. Desde allí, se avanzó con la aprobación de dos proyectos centrales: el financiamiento universitario y la declaración de emergencia del hospital Garrahan. El primero fue aprobado con 158 votos afirmativos, 75 en contra y cinco abstenciones, estableciendo un mecanismo para garantizar los recursos necesarios para las universidades nacionales, recomponer los salarios docentes y asegurar el funcionamiento regular de las casas de estudio. La sanción llega luego de meses de protestas universitarias, crisis presupuestaria y reclamos gremiales por los efectos del ajuste económico sobre la educación pública.
El segundo proyecto aprobado con 159 votos a favor y 67 en contra, declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas, con eje en la situación crítica del hospital Garrahan, referente nacional en atención infantil. La medida contempla la reasignación de fondos y la recomposición salarial para el personal médico, en medio de una creciente preocupación por el desfinanciamiento del sistema de salud.
Pero la jornada no terminó ahí. La oposición también logró avanzar con la derogación de decretos presidenciales firmados en el marco de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. Estos decretos proponían, entre otras cosas, la disolución de Vialidad Nacional y cambios profundos en organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que de concretarse perderían su autonomía y pasarían a estar bajo la órbita directa del Ministerio de Economía. Pese a los intentos del oficialismo por dejar la sesión sin quórum, la votación se llevó adelante y ahora resta la aprobación del Senado para que la derogación quede firme.
Además, se aprobó el emplazamiento para el tratamiento del DNU sobre la Marina Mercante, y se votó la reactivación de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda «$LIBRA», con 135 votos a favor y 70 en contra. La comisión había quedado paralizada en medio de cruces entre el oficialismo y la oposición por las denuncias de estafa y la falta de avances en la investigación.
Otro eje de conflicto fue la discusión sobre la reforma del impuesto a los combustibles y la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La Cámara de Diputados votó el emplazamiento a comisiones para emitir dictamen sobre proyectos impulsados por los gobernadores, que ya fueron sancionados por el Senado pero son resistidos por el oficialismo con el argumento de que afectarán la política de equilibrio fiscal. La Libertad Avanza intentó evitar la maniobra parlamentaria llamando a un tratamiento posterior, pero los bloques opositores insistieron en avanzar con la discusión el próximo 13 de agosto.
El plan de la oposición es aprobar ambas reformas en una sesión que se proyecta para el 20 de agosto, pocos días después del cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre. En ese contexto, también se evalúa sumar a la agenda el rechazo a los vetos presidenciales sobre las leyes de emergencia en discapacidad y aumento de las jubilaciones, en caso de alcanzar los dos tercios necesarios.
Esta sesión dejó en evidencia el retroceso del oficialismo en su capacidad de controlar el ritmo legislativo. Desde la aprobación del acuerdo con el FMI en marzo, el Gobierno viene perdiendo terreno en el Congreso, enfrentando resistencias cada vez más organizadas por parte de la oposición. Lo ocurrido este martes marca un punto de inflexión: la Cámara de Diputados no solo impuso límites al avance del Ejecutivo sobre organismos clave del Estado, sino que también logró visibilizar temas sensibles para la sociedad como el acceso a la educación, la salud pública y el derecho al trabajo.
