La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley de financiamiento universitario con una amplia mayoría, y Córdoba fue una de las provincias con mayor protagonismo en la votación. De los 18 legisladores cordobeses, 12 votaron a favor del proyecto que busca garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas del país. Los otros seis diputados optaron por rechazarlo, una decisión que generó fuertes críticas desde distintos sectores sociales y políticos.
El respaldo cordobés a la ley fue transversal: el voto afirmativo incluyó a representantes de Unión por la Patria, Hacemos Unidos por Córdoba, la Unión Cívica Radical y sectores disidentes del PRO. Por su parte, los votos en contra provinieron de espacios como La Libertad Avanza, el PRO alineado con Milei, el MID y La Liga del Interior.
Dentro del peronismo cordobés, el apoyo fue unánime. Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, Juan Brügge, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres acompañaron el proyecto. Durante el debate, Brügge argumentó su posición con contundencia: “La falta de recursos a las universidades públicas afecta a la movilidad social ascendente. Van a poder estudiar a nivel universitario solamente quienes tienen posibilidades económicas para ir a universidades privadas”. La posición del bloque respondió también al pedido expreso del gobernador Martín Llaryora, quien, a través de su cuenta en X (ex Twitter), llamó a sus diputados a respaldar el financiamiento universitario.
Desde Unión por la Patria, Gabriela Estévez y Pablo Carro también votaron afirmativamente. Carro, con una larga trayectoria vinculada a la educación superior, destacó durante su intervención la importancia estratégica del sistema universitario argentino: “Argentina está en el 5% de los países del mundo que tienen un sistema científico y tecnológico, el más importante de América Latina”. Su defensa apuntó a poner en valor el rol de las universidades como pilares de la soberanía nacional y el desarrollo sustentable.
La Unión Cívica Radical cordobesa también se pronunció, aunque con matices. Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning apoyaron el proyecto, al igual que Rodrigo de Loredo, presidente del bloque radical. Sin embargo, De Loredo no hizo uso de la palabra durante el debate, una actitud que llamó la atención dada su habitual participación activa. La falta de intervención fue interpretada por muchos como una estrategia para no quedar excesivamente expuesto, en un contexto donde mantiene negociaciones con La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones legislativas. Por el contrario, Brouwer de Koning sí se expresó: “No hagamos un debate simple sin un análisis profundo, porque el daño no va a ser solo presupuestario. El daño va a ser económico, social, cultural e intergeneracional. Si realmente queremos un país próspero y libre, como dice el Presidente, la educación tiene que ser el eje central y vertebral de la agenda pública nacional”.
Desde el PRO cordobés, dos diputados disidentes de la conducción nacional también se alinearon con el apoyo al financiamiento universitario: Héctor Baldassi y Oscar Agost Carreño. Este último, presidente del PRO Córdoba, cuestionó duramente los argumentos del oficialismo nacional que se escuda en el “no hay plata” para justificar recortes: “Vemos que no hay plata para la calidad universitaria, pero para un ejército de trolls o para pauta que se financia con balances de empresas públicas sí hay plata. Vemos que para que el Presidente se tome un avión para un acto partidario en Córdoba también hay plata”, señaló.
Por otro lado, seis diputados cordobeses votaron en contra de la ley, alineándose con el oficialismo nacional que impulsa un fuerte ajuste del gasto público. Entre ellos se encuentran Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), María Celeste Ponce (LLA), Belén Avico (PRO), Laura Rodríguez Machado (PRO), Luis Picat (La Liga del Interior) y María Cecilia Ibáñez (MID). Salvo Bornoroni, ninguno de estos legisladores expresó en el recinto los fundamentos de su voto negativo, lo que generó malestar entre sectores universitarios y sociales que exigían una explicación pública.
El único en justificar su posición fue Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza, quien acusó a los defensores del proyecto de ser funcionales al kirchnerismo: “Esta es una causa noble, pero lo único que busca el kirchnerismo con sus aliados de buenos modales es romper el equilibrio fiscal del presidente Javier Milei”. La intervención reflejó una vez más la retórica habitual del oficialismo libertario, que antepone el ajuste fiscal incluso frente a temas tan sensibles como la educación superior.
El resultado de esta votación deja planteado un escenario complejo de cara al tratamiento en el Senado. El respaldo mayoritario en Diputados marca un fuerte mensaje político y social en defensa de la universidad pública, aunque también expone las fracturas internas de varias fuerzas políticas.
