La crisis sanitaria por la distribución de fentanilo contaminado en distintos centros de salud del país ya se cobró 96 vidas, y la cifra podría aumentar a medida que avanza la investigación judicial. El nuevo informe del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, confirma que el problema no se limita a la provincia de Buenos Aires, sino que se extiende a Córdoba, Santa Fe, Formosa y Bahía Blanca, con víctimas registradas en todas esas jurisdicciones.
En Córdoba, la situación encendió las alarmas luego de confirmarse una nueva muerte en la Clínica Vélez Sarsfield, elevando a dos el total de víctimas fatales en esa institución. Además, un bebé que estuvo en grave estado logró recuperarse y ya no corre riesgo su vida. Todos los pacientes afectados habían recibido el medicamento fabricado por el laboratorio HLB Pharma, actualmente en el centro de las sospechas de la Justicia. El juez Kreplak ordenó un allanamiento en el centro de salud cordobés para acceder a todas las historias clínicas, ante la posibilidad de que existan más casos no reportados. Según detalló el magistrado, en total se habrían administrado más de 1.700 dosis de fentanilo adulterado, lo que incrementa la preocupación por el alcance real del problema.
El director de la Clínica Vélez Sarsfield, Claudio Pereyra Sueldo, indicó que hay entre 5.000 y 6.000 historias clínicas bajo análisis por posible vinculación con la sustancia adulterada. Mientras tanto, el avance de la investigación revela que la magnitud del caso podría ser aún mayor que la informada oficialmente, ya que se sospecha de una “cifra negra” de fallecidos que no fueron notificados a las autoridades judiciales o sanitarias.
A nivel nacional, el informe actualizado de la causa detalla que en el Hospital Interdistrital Evita de Formosa se registraron tres muertes relacionadas con la administración del fentanilo contaminado. En el Instituto de Diagnóstico de Santa Fe se contabilizan siete víctimas, mientras que en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca se confirmaron nueve fallecimientos. Sobre los casos en esta última ciudad, el juez Kreplak aclaró que aún se deben realizar estudios y peritajes para confirmar el vínculo directo entre el medicamento y cada uno de los decesos.
En paralelo, la Justicia y el Ministerio de Salud de Córdoba intensificaron el trabajo para determinar la cantidad exacta de personas afectadas por el medicamento adulterado. En ese marco, se requirió información a 18 centros de salud que habrían adquirido el lote 3108 de fentanilo producido por HLB Pharma, el mismo que está bajo investigación. Hasta el momento, la única institución que respondió formalmente a la solicitud de datos fue la Clínica Vélez Sarsfield, lo que retrasa el avance en la identificación de casos y dificulta establecer el alcance total de la distribución del lote contaminado.
El caso ha generado preocupación en el ámbito médico y farmacéutico debido a que el fentanilo es un analgésico opioide de alta potencia, utilizado habitualmente en entornos hospitalarios para el manejo del dolor agudo o en procedimientos quirúrgicos. Su adulteración no solo pone en riesgo inmediato la vida de los pacientes, sino que también plantea interrogantes sobre los controles en la cadena de producción, distribución y administración de medicamentos en Argentina.
El laboratorio HLB Pharma, señalado como el productor del lote bajo sospecha, todavía no emitió un comunicado oficial sobre la investigación ni sobre las medidas adoptadas para evitar nuevos incidentes. Por su parte, el juez Kreplak aseguró que se seguirán ordenando allanamientos y medidas de prueba para esclarecer el origen de la contaminación y determinar responsabilidades penales y administrativas.
Mientras tanto, familiares de víctimas y organizaciones de pacientes exigen respuestas rápidas y medidas urgentes para prevenir más muertes. La situación también ha encendido el debate político en torno a los protocolos de control de calidad y trazabilidad de medicamentos, así como sobre la necesidad de reforzar la fiscalización de laboratorios y centros de salud para garantizar la seguridad de los tratamientos.
