El pasado miércoles 13 de agosto se puso en marcha en Córdoba el 17° juicio por delitos de lesa humanidad, un proceso judicial que vuelve a colocar en el banquillo a dos exrepresores de la última dictadura militar. La audiencia se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N° 3, con la presencia de los imputados Gustavo Rodolfo Salgado y Osvaldo César Quiroga, quienes ya habían sido juzgados en 2010 en el marco de las causas UP1 y Gontero, pero en aquella oportunidad resultaron absueltos.
Sin embargo, ambos represores no lograron eludir la Justicia de manera definitiva. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó los recursos presentados por fiscales y querellantes y ordenó la realización de un nuevo juicio, al considerar que existían elementos suficientes para revisar aquellas absoluciones. De esta forma, Córdoba suma un nuevo proceso en la larga lista de juicios de lesa humanidad que buscan esclarecer y sancionar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
En este 17° juicio se ventilan dos tramos de acusaciones. Por un lado, Osvaldo César Quiroga está imputado por el fusilamiento de Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo. Estos tres asesinatos fueron constatados en el marco de la histórica Causa UP1, uno de los procesos más emblemáticos en la provincia por el nivel de violencia ejercido contra detenidos políticos. Por otro lado, Gustavo Rodolfo Salgado enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra varias víctimas: Luis Alberto Urquiza, José María Arguello, Oscar y Horacio Samamé, Carlos Cristóbal Arnau Zuñiga y Rodolfo Urzagasti Matorras. En este caso, se destaca el testimonio de Luis Alberto Urquiza, sobreviviente de la Causa Gontero, quien puede aportar un relato en primera persona sobre los tormentos sufridos bajo custodia de Salgado.
El tribunal está presidido por Facundo Zapiola, acompañado por los jueces Cristina Edith Giordano y Mario Martínez. La acusación está a cargo del fiscal Carlos Gonella, mientras que la representación de los querellantes corresponde a la abogada Adriana Gentile. En la primera audiencia, según informó la Comisión Provincial de la Memoria, se expusieron los lineamientos iniciales del juicio. Tanto el fiscal Gonella como la abogada querellante detallaron las acusaciones que pesan sobre los imputados, en tanto que la defensa solicitó la nulidad del proceso bajo el argumento de que se trataba de “cosa juzgada”.
Por su parte, los imputados optaron por mantenerse en silencio y se negaron a prestar declaración. Una actitud que se enmarca en el denominado “pacto de silencio” que mantienen muchos exrepresores, consistente en no aportar información sobre los crímenes cometidos ni revelar el destino de las víctimas desaparecidas. Ante el planteo de nulidad de la defensa, el presidente del tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 21 de agosto, fecha en la que se dará a conocer una resolución al respecto.
El desarrollo de este juicio en Córdoba refleja la persistencia de un camino de Memoria, Verdad y Justicia que se sostiene en el tiempo gracias a la lucha de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y sobrevivientes. A lo largo de los últimos años, los juicios de lesa humanidad en la provincia han permitido reconstruir la verdad sobre lo ocurrido en centros clandestinos de detención como la Unidad Penitenciaria N°1 y otros espacios de represión ilegal. La reapertura de causas, como la que enfrenta nuevamente a Salgado y Quiroga, muestra que el sistema judicial continúa habilitando instancias para revertir situaciones de impunidad.
