La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) inició este jueves un plan de lucha que incluye paros semanales de 48 horas en las universidades públicas de todo el país. La medida se enmarca en el reclamo por mejoras salariales y por la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada fundamental para garantizar el normal funcionamiento de las casas de altos estudios en Argentina.
El Plenario de secretarios generales de la CONADU definió por unanimidad sostener la protesta y avanzar en distintas acciones de visibilización del conflicto. Las medidas incluirán paros, asambleas, movilizaciones y otras actividades que serán definidas por cada Asociación de Base en sus respectivas instituciones. La decisión surge en un contexto de creciente malestar en la comunidad universitaria por la falta de actualización salarial y los recortes presupuestarios que afectan directamente la calidad académica y el acceso a derechos de estudiantes y trabajadores.
De acuerdo con el cronograma difundido por la organización gremial, los paros de 48 horas se concretarán los días 21 y 22 de agosto, continuarán el 26 y 27 del mismo mes, y tendrán nuevas jornadas el 1° y 2 de septiembre. Según informaron, el objetivo central es visibilizar tanto el conflicto salarial como la situación presupuestaria crítica que atraviesan las universidades públicas en todo el país.
La CONADU remarcó que el plan de lucha también es la antesala de la Tercera Marcha Federal Universitaria, prevista para la tercera semana de septiembre. Si bien aún resta definir la fecha precisa, la movilización se organizará en conjunto con la comunidad universitaria y buscará lograr un fuerte respaldo a la Ley de Financiamiento Universitario.
“Debemos mantener un alto grado de movilización. La ley debe ser aprobada por amplísima mayoría en el Senado y debemos enfrentar el anunciado veto presidencial con una masiva Marcha Federal Universitaria”, señaló el secretario general de la CONADU, Carlos De Feo.
El dirigente gremial advirtió además sobre la necesidad de frenar lo que calificó como “la política de destrucción de la universidad que está llevando a cabo el Gobierno nacional”. Según explicó, la aprobación de la ley no solo garantizaría la continuidad del sistema universitario, sino que también serviría como un freno a los intentos de recorte presupuestario y de debilitamiento de la educación pública.
La Ley de Financiamiento Universitario, que cuenta con un fuerte respaldo de rectores, estudiantes y trabajadores, busca asegurar fondos permanentes y previsibilidad en la asignación de recursos para las universidades nacionales. Para la CONADU, su aprobación resulta urgente dado que las instituciones atraviesan dificultades para sostener sus actividades básicas, desde el pago de servicios hasta el desarrollo de programas académicos y de investigación.
En este contexto, el Plenario de secretarios generales de la CONADU volverá a reunirse en los primeros días de septiembre para evaluar la evolución del conflicto y definir nuevas medidas. De mantenerse la falta de respuesta por parte del Gobierno nacional, el gremio no descarta profundizar el plan de lucha con acciones más contundentes.
La situación universitaria se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda educativa del país. Los reclamos por salarios dignos, condiciones laborales adecuadas y un presupuesto que garantice el acceso a la educación superior pública encuentran un respaldo creciente en la sociedad, especialmente en estudiantes y familias que consideran a la universidad como un derecho social y no como un privilegio.
