La Cámara de Casación resolvió aceptar los recursos presentados por la defensa de la enfermera Brenda Agüero, condenada a prisión perpetua por la muerte de cinco bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba, así como también los recursos interpuestos por los abogados de la exdirectora del nosocomio, Liliana Asís, y otros implicados en el proceso judicial. La decisión implica que ahora será el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia quien deberá pronunciarse sobre estos pedidos, abriendo un nuevo capítulo en una de las causas más resonantes de los últimos años.
El escrito de 55 páginas presentado por el abogado Gustavo Nievas, defensor de Agüero, sostiene que la sentencia debe ser declarada nula por no cumplir con las reglas de la sana crítica racional ni con el principio lógico de razón suficiente. Según el planteo, la condena resulta arbitraria y vulnera derechos de jerarquía constitucional y convencional, entre ellos el principio de inocencia, el derecho a una sentencia debidamente fundada y el derecho a la defensa en juicio, pilares fundamentales del debido proceso.
Agüero fue sentenciada a prisión perpetua tras ser considerada responsable de homicidio calificado por procedimiento insidioso en concurso real por la muerte de cinco bebés y en grado de tentativa en otros ocho casos, todos ocurridos en el hospital provincial. Sin embargo, la defensa insiste en que la acusación carece de pruebas directas y que no existe ningún testigo que haya visto a la enfermera aplicar una inyección o realizar una acción concreta que vincule de manera irrefutable su participación en los hechos investigados.
En los recursos presentados también se señala que durante la audiencia de selección de jurados, una de las integrantes, Melina Abril Soria, ocultó información relevante con el objetivo de no ser apartada del proceso, ya que conocía a una de las imputadas que luego resultó absuelta. Para los abogados, esta situación compromete la imparcialidad del jurado y constituye una irregularidad que debería derivar en la nulidad de la sentencia.
Otro de los puntos planteados por la defensa radica en las deficiencias graves en la valoración de las pruebas. Se cuestiona el escenario presentado en el juicio, la ausencia de certeza sobre la participación de Agüero y la falta de pruebas contundentes que sostengan la acusación. En relación con el material incorporado al debate, los defensores remarcan que no existe una prueba directa que vincule a la enfermera, mientras que la evidencia indirecta es insuficiente y contradictoria.
Respecto a las pericias psicológicas, la defensa asegura que presentan inconsistencias metodológicas y conclusiones que no tienen respaldo empírico suficiente. A su vez, la evidencia toxicológica es considerada parcial y discutible, con pericias forenses calificadas como débiles e inconsistentes. También se señalaron contradicciones y problemas de fiabilidad en los testimonios que se presentaron durante el debate oral, sumado a críticas profundas a la evaluación psicológica realizada a la acusada.
La defensa de Agüero considera que todas estas falencias socavan la validez de la sentencia condenatoria y configuran un cuadro de vulneración de derechos que hace imprescindible la nulidad del proceso. El planteo también cuestiona el rol del tribunal al momento de fundamentar la condena, acusándolo de no respetar los estándares de razonamiento lógico-jurídico exigidos por la ley.
Por su parte, también fueron concedidos los recursos presentados por los abogados de la exdirectora del hospital, Liliana Asís, condenada a cinco años de prisión por encubrimiento, así como los de otros acusados que formaron parte de la investigación. Esto extiende la revisión a distintos tramos del fallo y abre la posibilidad de que el TSJ reevalúe la situación de todos los implicados.
