El plan de Javier Milei para desprenderse de parte del patrimonio estatal ya tiene su primera gran puesta en marcha: la subasta de un terreno estratégico en el corazón de la ciudad de Córdoba. Se trata de un lote baldío de 2.796 metros cuadrados ubicado en pleno microcentro, una de las pocas parcelas de estas dimensiones que aún permanecían sin desarrollar en la zona. La subasta, fijada para el próximo 6 de octubre, se llevará adelante a través de la plataforma digital Subast.Ar, y concentra expectativas tanto en el mercado inmobiliario como en el ámbito político, por lo que significa como primer paso de una política de liquidación de activos públicos.
El terreno cuenta con un enorme potencial constructivo. Según los pliegos oficiales, permite desarrollar más de 18.000 metros cuadrados de obra nueva, lo que abre la puerta a proyectos de gran escala en un área consolidada de la ciudad, rodeada de oficinas, locales comerciales y residencias. Por esa razón, el predio se perfila como una oportunidad para desarrolladores e inversores que buscan espacios con ubicación estratégica y capacidad de crecimiento. El precio base de la subasta se fijó en 1,1 millones de dólares, cifra que para varios analistas resulta atractiva considerando el nivel de construcción permitido y la localización privilegiada.
Desde el Gobierno nacional, la subasta se presenta como un paso en el plan más amplio de poner en valor terrenos estatales que hasta ahora permanecían ociosos. La idea es liberar propiedades que generan gastos de mantenimiento pero no aportan recursos, al tiempo que se generan ingresos en dólares y se incentivan inversiones privadas. En paralelo, se busca enviar una señal clara al mercado: no se trata solo de recortar gastos, sino también de abrir nuevas oportunidades de negocio vinculadas al desarrollo urbano.
No obstante, la medida no está exenta de polémica. El sindicato de Aefip ya salió a cuestionar la decisión al considerar que la venta constituye un “despojo” del patrimonio público y un avance sobre bienes que podrían tener otros destinos de carácter social o estratégico. Desde este sector, sostienen que desprenderse de tierras ubicadas en lugares clave implica hipotecar recursos que podrían ser utilizados en beneficio de la comunidad.
A diferencia de otras ventas de terrenos estatales realizadas en el pasado, en esta subasta se incluye una cláusula que busca evitar la especulación inmobiliaria. El comprador no solo deberá pagar el precio base y hacerse con la titularidad del lote, sino que tendrá la obligación de construir al menos el 80% de la superficie permitida en un plazo máximo de ocho años. De esta manera, el Gobierno intenta garantizar que el terreno efectivamente se convierta en un desarrollo urbano y no quede paralizado a la espera de futuras revalorizaciones.
La ubicación del lote agrega un atractivo adicional. Está situado a metros de la sede central de Epec, a una cuadra del edificio de Naranja X y a pasos de la Costanera, lo que lo vuelve especialmente interesante para proyectos mixtos que combinen viviendas, oficinas y locales comerciales. Para los desarrolladores, se trata de un espacio que permite pensar en emprendimientos de gran visibilidad y con una inserción directa en el circuito económico y social de la ciudad.
En el sector inmobiliario cordobés, la noticia generó un fuerte interés. La posibilidad de acceder a un terreno con estas características en pleno centro es vista como un hecho excepcional, y muchos ya anticipan una competencia intensa en la subasta. Más allá de este caso puntual, la venta en Córdoba marca el inicio de un proceso más amplio. El Gobierno ya anunció que otros tres lotes ubicados en la localidad de Malagueño serán puestos a subasta en los próximos meses, como parte del denominado “gran remate” nacional de propiedades estatales.
