El Gobierno nacional oficializó el veto total a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796, conocida como Ley Garrahan, mediante el decreto 651/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma había sido sancionada por el Congreso el 22 de agosto con 62 votos a favor y ocho en contra, y establecía una recomposición salarial para trabajadores con sueldos por debajo de la línea de indigencia, un aumento presupuestario para el hospital Garrahan y una asignación prioritaria de insumos críticos por 12 meses. Con la decisión presidencial, estas medidas quedan sin efecto y se profundiza la controversia en torno a la política sanitaria del actual gobierno.
El texto del decreto comienza ordenando: “Devuélvase al Honorable Congreso de la Nación” la ley aprobada, confirmando así el veto total dispuesto por el presidente Javier Milei. Esta decisión se enmarca en una línea de desfinanciamiento a las entidades públicas y programas sanitarios que, según diversos sectores de la sociedad, debilita las capacidades del sistema público de salud, especialmente en áreas sensibles como la atención pediátrica. Desde principios de 2024, denuncian sindicatos y asociaciones médicas, el Garrahan atraviesa un proceso de vaciamiento que ha derivado en la salida masiva de profesionales, reducción en la formación y pérdida de centralidad de la salud infantil en la agenda gubernamental.
En sus fundamentos, el decreto sostiene que “el proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”. Agrega que “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las Provincias”. Según el Ejecutivo, el impacto fiscal de la ley implicaría además la pérdida de $115.030.000.000 en concepto de Ganancias, cifra que consideran insostenible para las cuentas públicas.
La Ley Garrahan, impulsada por legisladores de distintos bloques, había sido celebrada por organizaciones médicas, gremios y familias de pacientes como un avance clave para proteger la salud pediátrica en un contexto de crisis económica. Su sanción fue interpretada como un respaldo político transversal a la necesidad de fortalecer al hospital que es referencia regional en atención infantil y formación de especialistas. El veto, en cambio, es visto como un golpe a la salud pública y ha despertado fuertes críticas tanto en la oposición parlamentaria como en entidades profesionales.
Para los detractores de la medida, el argumento fiscal no justifica el desamparo de una institución emblemática. Sostienen que el Garrahan atiende casos complejos de todo el país, sin distinción de origen socioeconómico, y que su desfinanciamiento afecta directamente a miles de niñas y niños que requieren tratamientos de alta complejidad. También alertan sobre el impacto negativo en la formación de profesionales, ya que el hospital es un centro clave para la capacitación médica pediátrica.
