Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), cuestionó duramente la medida y advirtió sobre el impacto que tiene en el funcionamiento de las instituciones. “Lamentamos que el Presidente haya tomado esta decisión. Consideramos que es un error, porque implica no reconocer una situación crítica en materia presupuestaria que estamos viviendo en las universidades. Con este veto se bloquea la posibilidad de encontrar soluciones que podrían haberse alcanzado a través del diálogo”, expresó.
Boretto recordó que el propio decreto del veto reconoce una pérdida salarial superior al 40 por ciento en el último año y medio. “Estamos padeciendo una situación crítica, sobre todo por el retraso en los salarios. El año pasado hubo una recomposición para gastos de funcionamiento gracias a la movilización, pero hoy esas partidas también están retrasadas, al igual que el financiamiento para el sector científico”, señaló.
El rector subrayó que la educación debe ser una prioridad nacional: “Hubiéramos esperado alternativas que no pusieran en riesgo el equilibrio fiscal, pero que reconocieran que la educación es fundamental para el desarrollo del país. Hoy vemos paros de docentes y no docentes, y aunque tratamos de sostener las actividades, no podemos alcanzar el mismo nivel que tendríamos con un presupuesto adecuado”, advirtió.
También habló Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), que expresó su descontento por la falta de diálogo por parte del Gobierno nacional. “Era una secuencia que en principio era inesperable. El presidente había anticipado que iba a vetar la ley, pero teníamos la expectativa de que, después de lo que pasó en Buenos Aires, se abriera un canal de diálogo, aunque cumpliera con su palabra. Sin embargo, no convocó a nadie y en el propio documento del veto reconoce la pérdida de más del 40 por ciento del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. La verdad, parece casi una burla”, sostuvo.
Negretti advirtió que el sistema universitario atraviesa una crisis sin precedentes, marcada por la caída salarial y la paralización de programas clave. “Se dieron de baja programas de infraestructura, de equipamiento y de apoyo a nuevas carreras. Ya hemos dejado de realizar muchas actividades y lo más preocupante es la pérdida salarial. Por primera vez en 25 años veo docentes y no docentes renunciando a la universidad porque la ecuación económica ya no les resulta sostenible”, alertó.
De cara a las próximas semanas, el rector destacó que la comunidad universitaria se prepara para movilizarse el día que el Congreso trate el veto. “Ese día habrá una gran marcha universitaria en Plaza de Mayo. Más allá de este veto, estamos expectantes sobre si el Gobierno enviará un proyecto de ley de presupuesto, porque sin esa herramienta todo queda librado a la decisión unilateral del Ejecutivo”, explicó.
Por su parte, Leticia Medina, secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), remarcó la gravedad de la situación y la urgencia de una respuesta política. “Es una pésima noticia que cae como un balde de agua fría. Veníamos de una ley votada con un amplio respaldo de casi todos los bloques, salvo La Libertad Avanza, y creímos que eso sería suficiente para frenar el veto. Pero después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno decidió profundizar este rumbo lamentable que pone en riesgo a las universidades nacionales”, expresó.
Medina detalló que en Córdoba se llevan adelante dos jornadas de paro y distintas actividades de visibilización: “Hoy tenemos una peña organizada con estudiantes y docentes, una carteleada en la Facultad de Ciencias Sociales y el viernes a las 12 convocamos a un banderazo frente al Pabellón Argentina. Todo esto en preparación de la gran marcha federal el día que se trate el veto en Diputados”, señaló.
La dirigente gremial subrayó el impacto del ajuste sobre los trabajadores y trabajadoras del sector. “Nuestro salario está en caída libre. Para recuperar el poder adquisitivo que teníamos en noviembre de 2023 necesitaríamos un 45% de aumento. El gobierno se niega a discutir salarios y a cualquier tipo de diálogo. La salida de docentes ya es una sangría, y el deterioro que esto provoca va a costar décadas recuperar”, advirtió.
Si bien todavía no hay confirmación oficial, desde el sector universitario circula la versión de que la Cámara de Diputados podría tratar el veto el próximo miércoles 17 de septiembre. Ese día, la comunidad universitaria tiene previsto movilizarse masivamente en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país.
En Córdoba, ADIUC y la UNC ya comenzaron a coordinar acciones conjuntas para garantizar una alta participación en la marcha federal. “Será una jornada histórica para defender la universidad pública. Esperamos que el Congreso escuche el reclamo y revierta esta decisión que pone en riesgo el futuro de la educación superior en Argentina”, sostuvo Medina.
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