Con marchas en las principales plazas del país, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión decisiva en la que intentará desactivar los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica. La cita, convocada para hoy a las 13 horas, fue impulsada por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia para Siempre. Se debatirán no solo los vetos a las leyes del Hospital Garrahan y de universidades, sino también pedidos de interpelación a funcionarios del Gobierno y emplazamientos para tratar la regulación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
En un clima de fuerte movilización social, organizaciones gremiales, personal de salud, docentes, investigadores y estudiantes confluyen en manifestaciones frente al Congreso y en distintas ciudades del país. La oposición necesita reunir los dos tercios de los votos tanto para habilitar el tratamiento sobre tablas como para rechazar efectivamente los vetos presidenciales.
En el caso del Hospital Garrahan, la oposición confía en alcanzar la mayoría necesaria. La Emergencia en Pediatría se había aprobado previamente en Diputados con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, superando así el umbral requerido. Fuentes legislativas estiman que incluso podrían crecer los apoyos: se espera que los cuatro abstencionistas modifiquen su voto para rechazar el veto. Entre ellos se mencionan a los chubutenses Ana Clara Romero y Jorge Ávila, vinculados al gobernador Ignacio Torres, así como a Oscar Zago y Eduardo Falcone del MID, y a la diputada Marcela Pagano, hoy en el bloque Coherencia.
En cambio, la situación es más ajustada para la Ley de Financiamiento Universitario. Si bien se aprobó inicialmente con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, quedó a un voto de los dos tercios requeridos para blindar su sanción. La atención se centra en la postura de quienes se abstuvieron y en los 18 legisladores ausentes en la votación anterior, incluidos aliados claves del Gobierno. Entre ellos figuran los radicales mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, el chaqueño Gerardo Cipolini, Germana Figuera Casas y Karina Bachey del PRO, además de Ricardo López Murphy. La oposición confía en que cambios de postura de algunos exlibertarios y abstencionistas permitan alcanzar la mayoría agravada.
La sesión especial también incluirá pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Salud, Mario Lugones; y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para que expliquen denuncias sobre presuntas coimas en la provisión de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Para aprobar estas interpelaciones también se requiere mayoría especial, ya que no fueron tratadas previamente en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialismo. Si no logran los votos, los opositores buscarán emplazar a esa comisión para que se expida.
Además, en el temario figuran proyectos para reglamentar los DNU, con el objetivo de que pierdan vigencia automáticamente con el rechazo de una sola cámara, una medida considerada perjudicial para el Ejecutivo. También se impulsa la creación de una comisión investigadora sobre fentanilo adulterado, vinculado a al menos 96 muertes en el país, y la derogación de varios decretos recientes: el DNU 62/2025, que limitó la Ley de Identidad de Género; el 61/2025 sobre el estatuto de la Policía Federal; y los decretos delegados 445/25 y 396/25, que transformaron organismos claves como la Agencia Nacional de Materiales Controlados y el INA.
El contexto político es de máxima tensión. Para el Gobierno, un doble rechazo a sus vetos significaría un duro revés y consolidaría la mayoría opositora también en el Senado, donde se presume un escenario favorable para confirmar ambas leyes. Para la oposición y los sectores movilizados, en cambio, se trata de una oportunidad histórica para reafirmar el financiamiento educativo, garantizar derechos en salud pública y limitar el uso discrecional de decretos por parte del Ejecutivo.
En paralelo, frente al Congreso y en las plazas de las principales ciudades del país, se despliegan movilizaciones impulsadas por organizaciones sociales, universitarias, docentes y de la salud.
