El titular de ATE Córdoba, tras ser detenido durante una protesta por alimentos, sufrió violencia institucional por parte de la policía cordobesa y el sistema carcelario. Su caso será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Federico Giuliani, dirigente de ATE Córdoba y la CTA-A, denunció haber sido víctima de «abuso policial, de violencia institucional» por parte de la policía cordobesa. El incidente ocurrió mientras reclamaba asistencia social y comida a la municipalidad de Córdoba, protesta que terminó con represión, golpes y cárcel para su persona y varios compañeros.
Según su testimonio, le fracturaron un brazo a propósito durante la detención. Posteriormente, permaneció 24 horas esposado a una cama de metal en el Hospital Misericordia. Luego fue trasladado al penal de Bower, donde compartió pabellón con presos comunes. Giuliani afirmó que si no hubiera sido por la movilización popular, seguiría preso. «Para este gobierno, luchar es un delito. Para nosotros, es un derecho», sentenció el dirigente sindical.
El dirigente criticó duramente el sistema carcelario cordobés, asegurando que está «detenido en el tiempo de la dictadura militar». Describió condiciones de hacinamiento, comida, higiene catastrófica, falta de agua potable y de atención médica. Durante su reclusión de cinco días, no recibió medicación para su fractura.
Giuliani anunció que llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones como tortura física y psicológica. Ya ha tomado contacto con el Centro de Estudios Legales de la Argentina (CELS) y la Comisión Nacional de la Tortura. Además, denunció que las ocho compañeras detenidas junto a él fueron obligadas a desnudarse en Bower y revisadas por personal masculino.
El dirigente apuntó también contra el fiscal de Aragón, a quien acusa de armar causas en su contra, y contra el ministro de seguridad, Juan Pablo Quintero, «por dar vía libre para que estos perros rabiosos salgan a pegar, a maltratar y a reprimir» afirmó. Para Giuliani, su caso es un reflejo de una política más amplia en Córdoba, donde se criminaliza tanto la protesta social como la pobreza, y donde no existen los derechos humanos para la justicia cordobesa.
