Gabriel Suárez, decano de Ciencias Sociales de la UNVM, destacó el masivo apoyo popular en las marchas y advierte sobre el duro ajuste del Gobierno afectando salarios y el funcionamiento básico de las universidades.
El reciente rechazo en la Cámara de Diputados al veto presidencial sobre el financiamiento universitario ha sido motivo de celebración para la comunidad académica y gran parte de la sociedad argentina. Este hito fue precedido por masivas movilizaciones a lo largo y ancho del país, demostrando, según Gabriel Suárez, decano del Instituto Académico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, que «el pueblo argentino valora el sistema universitario que tenemos, valora la universidad pública».
En comunicación con La Ranchada, Suárez subrayó que el respaldo popular no se limitó a las grandes ciudades; las 60 universidades públicas del país vieron marchas en sus localidades, reflejando un apoyo generalizado de la población. Para el decano, estas manifestaciones son una respuesta a un gobierno que es muy duro con el sistema universitario, con la educación pública, con las ciencias en general y que subestima la memoria histórica y la valoración que los argentinos tienen por la educación pública como herramienta de igualdad y acceso.
Suárez criticó duramente el discurso del gobierno de Javier Milei, al que acusó de intentar desacreditar al sistema con mentiras y denuncias de corrupción infundadas. Además, denunció que la gestión nacional no solo aplica un ajuste presupuestario, sino que también impone trabas burocráticas que impiden el buen funcionamiento de las instituciones, como la falta de aprobación para nuevos planes de estudio.
El financiamiento en disputa es clave para cubrir desde los gastos básicos de funcionamiento, como la luz y los servicios, hasta programas de investigación, ciencia, técnica y extensión universitaria. Sin embargo, la situación más crítica la viven los trabajadores, quienes han sufrido una pérdida del poder adquisitivo de sus salarios superior al 40% en los últimos años. Esta precarización, advierte Suárez, ya está provocando una fuga de cerebros, con docentes e investigadores que migran a países como Brasil y Chile, que tienen políticas activas para atraerlos.
Si bien la votación en Diputados fue un logro que inyecta energía para seguir luchando, Suárez aclaró que «no nos mejora la situación económica del sistema». La expectativa ahora está puesta en el Senado, donde se espera un resultado similar, para luego dar la batalla por la implementación efectiva de la ley.
