La tensión política entre el Gobierno nacional y la oposición dio un nuevo giro este lunes, cuando diputados nacionales del bloque Encuentro Federal, encabezados por Oscar Agost Carreño, presentaron una moción de censura para destituir al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El planteo se produjo tras la suspensión de la implementación de la ley 27.793 de emergencia en Discapacidad, que había sido ratificada por el Congreso después de haber sido vetada por el presidente Javier Milei. Para la oposición, esta decisión constituye un incumplimiento flagrante de las obligaciones del Poder Ejecutivo y un desconocimiento de la división de poderes.
La medida cuenta con las firmas de legisladores de peso dentro del bloque que preside Miguel Pichetto, entre ellos Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón. Según el artículo 101 de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas, un objetivo que la oposición considera alcanzable si logra fundamentar sus acusaciones. Desde el espacio Encuentro Federal sostienen que la suspensión de la ley de Discapacidad es “un golpe directo al estado de derecho” y advierten que la respuesta legislativa será “contundente”.
En declaraciones públicas, Oscar Agost Carreño afirmó que “el Gobierno rompió el estado de derecho” y acusó a Francos de incumplir con la aplicación de la ley de emergencia en Discapacidad, así como de no reasignar las partidas presupuestarias necesarias para su ejecución. Los legisladores sostienen que el Poder Ejecutivo ha dictado “decretos nulos e inconstitucionales” y ha violado la división de poderes al desobedecer una normativa ratificada por ambas cámaras del Congreso. El conflicto se intensificó este lunes cuando, pese a promulgar formalmente la ley de emergencia en Discapacidad, el Gobierno dictó simultáneamente el decreto 681/25, mediante el cual suspendió los efectos de la norma alegando falta de financiamiento.
La administración Milei supeditó la implementación efectiva de la ley a la inclusión de las fuentes de financiamiento en el marco del proyecto de Presupuesto 2026, una decisión que la oposición considera inconstitucional y arbitraria. Para los diputados opositores, el Gobierno no puede condicionar la vigencia de una ley a la aprobación de un presupuesto futuro ni desconocer la voluntad del Congreso. En este sentido, argumentan que la norma es clara en cuanto a las responsabilidades del jefe de Gabinete de asignar y reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento.
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro se sumó a las críticas y denunció que con el decreto 681/2025 el presidente Milei “incurre en nulidad absoluta” al pretender “inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes”. Ferraro enfatizó que “basta de excusas y de maniobras inconstitucionales” y exigió que se cumpla la ley tal como fue aprobada por el Congreso. La postura del legislador se suma a una creciente presión política sobre el Gobierno, que ve cuestionada su estrategia para manejar el gasto público y las políticas sociales sensibles.
La moción de censura y la interpelación a Francos abren un nuevo frente de conflicto institucional. Aunque el oficialismo aún conserva apoyos claves en el Congreso, la posibilidad de una votación adversa genera incertidumbre sobre la estabilidad del jefe de Gabinete y la relación de fuerzas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Encuentro Federal apuesta a sumar voluntades en otros bloques opositores y moderados para alcanzar la mayoría absoluta necesaria para la destitución.
