En diálogo con Radio Comunitaria La Ranchada, Giuliani explicó que este proceso comenzó antes de la asunción de Javier Milei y se profundizó con la aplicación del protocolo antipiquete impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “El comercio es uno de los puntales del poder económico en Córdoba y logró que un juez, Fernández López, sacara un dictamen exprés que dice que protestar es un delito. Pusieron a un fiscal, Ernesto de Aragón, a controlar el conflicto social. Desde entonces aumentaron las imputaciones y la persecución, sobre todo hacia la CTA y ATE, pero también a activistas ambientales y sociales”, sostuvo Giuliani.
El dirigente recordó que este escenario ya se evidenciaba en abril de 2023, cuando una movilización nacional contra el hambre derivó en imputaciones por desacato a la autoridad y obstaculización del transporte público, meses antes de que asumieran las nuevas gestiones provincial y nacional. “Esto va en ascenso. A medida que crece el ajuste y la gente no puede llegar a fin de mes, la respuesta del Estado es más punitiva. Se llenan de causas a quienes protestan para después meterlos presos, como me pasó a mí que terminé en Bouwer en un pabellón común”, señaló.
Giuliani recordó también la represión del 20 de diciembre de 2023, cuando manifestantes fueron detenidos durante una jornada en recuerdo del Argentinazo. Según denunció, la conflictividad social se incrementará por la desigualdad creciente, y con ella la persecución judicial.
Respecto a la represión del 28 de agosto, en la que resultó detenido junto a otras 14 personas, explicó que recientemente fueron citados a declarar: “Nos imputan cuatro causas: resistencia a la autoridad, lesiones leves —ahora aparecen cinco policías heridos—, amenazas y obstaculización funcional. Es una causa armada, por eso nos abstuvimos de declarar hasta acceder al expediente. Todo esto fue una emboscada planificada para amedrentarnos”.
El dirigente detalló que, durante su detención, sufrió tortura psicológica y falta de atención médica adecuada, permaneciendo esposado incluso con un brazo fracturado. Además, destacó que un abogado y un periodista que estaban presentes también fueron detenidos, violando garantías constitucionales. “Con el CELS y otras organizaciones vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Queremos denunciar la violación de nuestros derechos y dejar en evidencia la gravedad de que esto suceda a 42 años de la recuperación democrática”, adelantó Giuliani.
ATE Córdoba definirá en los próximos días nuevas medidas de lucha, mientras continúa reclamando el fin de la represión y la persecución judicial a quienes defienden los derechos laborales y sociales en la provincia.
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