La situación del sistema científico-tecnológico en Argentina atraviesa un momento crítico que encendió alarmas en todo el país. Directores de Centros Científicos-Tecnológicos (CCTs) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) enviaron una carta al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Daniel Gollán, solicitando el tratamiento urgente del proyecto de ley que declara la emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El pedido busca evitar un mayor deterioro de las capacidades del sector y preservar los recursos humanos y materiales esenciales para su funcionamiento.
El proyecto de ley mencionado ya cuenta con dictamen de mayoría desde agosto y propone que durante el ejercicio fiscal 2025 se garanticen los recursos provistos por la Ley 27.614 de financiamiento progresivo. Además, exige reponer los recortes aplicados en el presupuesto destinado a ciencia y técnica, que desde hace dos años sufren una reducción sostenida. Según los directivos, el presupuesto del sector cayó un 46,2% entre 2023 y 2025, con recortes cercanos al 60% en diferentes organismos, lo que impacta tanto en la investigación básica como en proyectos estratégicos para el desarrollo productivo y tecnológico del país.
En la carta enviada al Congreso, los responsables de los CCTs señalaron que la falta de recursos no solo afecta la adquisición de equipamiento, insumos y mantenimiento de laboratorios, sino también los salarios de investigadores, técnicos y becarios, generando un “riesgo de fuga de cerebros”. Expresaron que cada vez más científicos altamente formados evalúan emigrar o cambiar de sector ante la imposibilidad de sostener sus líneas de trabajo. La preocupación se profundizó al conocerse el proyecto de Presupuesto 2026, que en su artículo 30 propone derogar aspectos centrales de la Ley 27.614, la cual establece un esquema de financiamiento progresivo para el área. Los directores advirtieron que “estos cambios significarían un retroceso histórico” y debilitarían gravemente las políticas de ciencia y tecnología construidas en las últimas décadas.
La carta, firmada por representantes de centros de todo el país, desde La Plata hasta la Patagonia y el NOA, remarca que la sanción de la ley de emergencia es una herramienta indispensable para proteger al sistema científico-tecnológico de un colapso inminente y para defender el futuro de la Nación. Además, subraya que el sistema no solo es motor de innovación y desarrollo económico, sino también un pilar en la formación de profesionales altamente calificados que luego se insertan en distintas áreas estratégicas del país.
El texto del proyecto establece, entre otros puntos, la obligación de mantener la distribución federal de los recursos, garantizar un incremento del 20% para el Programa de Promoción Federal de Ciencia y Tecnología, y asegurar la ejecución del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Este último es considerado por el sector como un instrumento fundamental para orientar las prioridades científicas y tecnológicas de mediano y largo plazo. La falta de financiamiento adecuado podría dejar inconclusas líneas de investigación y proyectos que llevan años de desarrollo, afectando la competitividad y el avance del conocimiento nacional.
El pedido de los directores también tiene un componente simbólico y político: busca visibilizar el deterioro del sistema en la agenda pública y legislativa, en un contexto donde la discusión del presupuesto para 2026 se presenta como una oportunidad para revertir los recortes. En ese sentido, destacaron que sostener el financiamiento científico no es un gasto sino una inversión en el desarrollo y la soberanía tecnológica de la Argentina. Asimismo, recordaron que muchos de los avances en salud, energía, ambiente y producción dependen de un sistema científico sólido y bien articulado.
En su misiva, los responsables de los CCTs concluyeron que “la sanción de la emergencia es una herramienta indispensable para proteger al sistema científico-tecnológico de un colapso inminente y para defender el futuro de la Nación”. Afirmaron que la ciencia y la tecnología no pueden quedar a merced de ajustes presupuestarios que pongan en riesgo el trabajo de miles de investigadores y técnicos ni comprometer la capacidad de innovación del país.
