A pesar de que existe una ley para proteger a este colectivo vulnerable, el Poder Ejecutivo no estaría otorgando el financiamiento necesario para su implementación. Natalia Chavarri, abogada especialista, ha presentado un recurso de amparo para exigir su cumplimiento.
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Un nuevo foco de conflicto se ha abierto para el gobierno nacional en relación con los derechos de las personas con discapacidad. A pesar de la existencia de la ley 26.378 y una ley de emergencia específica, la abogada especialista Natalia Chavarri ha denunciado que el presidente se niega a aplicarla. Según Chavarri, la falta de financiamiento por parte del Poder Ejecutivo deja a la normativa sin efecto, equiparándola a no tener una ley.
La preocupación principal radica en que el gobierno estaría intentando vaciar el financiamiento destinado al colectivo vulnerable de las personas con discapacidad para reasignar esos fondos a otras áreas no especificadas. «Esta medida agraviante se compara con recortes similares ocurridos en la universidad y la salud pública» afirma la abogada.
Ante esta situación, ya se han iniciado acciones legales. La doctora Marta Lastra, directora de la sala de discapacidad del Colegio de Abogados de Córdoba, presentó una acción de amparo con el objetivo de que la ley no se retrase más y se aplique de manera inmediata. La comunidad y los especialistas exigen que se garantice el acceso a la información y se respeten los derechos consagrados para proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
