El escándalo político que involucra al diputado nacional y candidato en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, y al narcotraficante Fred Machado parece no tener techo y amenaza con marcar de lleno la campaña electoral. En los últimos días, se reflotó una investigación de la justicia estadounidense en la que aparece una transferencia de 200.000 dólares realizada por Machado a favor del actual legislador. La revelación, que había circulado por primera vez en 2021, resurge ahora con mayor fuerza en un contexto electoral, encendiendo las alarmas dentro del oficialismo y sumando presión sobre Espert.
A principios de semana, distintos medios confirmaron que el nombre de Espert figura en los registros de la causa norteamericana. Lejos de negar la existencia de la transferencia, el diputado optó por una estrategia diferente a la de años anteriores. Mientras que en 2021 había explicado que esos fondos no correspondían a un beneficio personal, sino al partido Unite, la fuerza política que lo llevó como candidato a presidente en 2019, en esta ocasión prefirió hablar de una “campaña sucia” impulsada por sus rivales. Vale recordar que Unite funcionó como una de las colectoras del actual oficialismo, lo que le otorga un peso adicional al caso.
El detonante del nuevo capítulo fue la denuncia judicial presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien llevó a la justicia la supuesta vinculación entre Espert y Machado. Frente a este escenario, el legislador decidió responder en entrevistas televisivas realizadas en las últimas horas. Sin embargo, en lugar de desmentir la operación financiera, sostuvo que el tema será tratado en el ámbito judicial y acusó a Grabois de querer ensuciar la campaña con operaciones mediáticas.
Lejos de despejar las dudas, las propias declaraciones de Espert reavivaron la controversia. En una de esas entrevistas, admitió públicamente que conocía a Fred Machado y relató que en 2018 incluso lo trasladó en un helicóptero privado a una presentación de un libro de su autoría. Pese a esa confesión, el diputado buscó minimizar la situación al calificar la investigación periodística como “chimentos de peluquería” y acusar a la oposición de instalar falsedades en medio del proceso electoral.
La otra parte de la estrategia comunicacional oficial se centra en relativizar los hechos. Desde el entorno de Espert se recuerda que la transferencia de 200.000 USD corresponde a la campaña de 2019, cuando el diputado competía bajo el sello Unite, y que la investigación formal en Estados Unidos contra Machado comenzó en 2020, un año después. En esa línea, el propio legislador sostuvo que la causa está construida con recortes de diarios de 2021 y que responde a un intento de difamación política contra su figura.
En una entrevista con Pablo Rossi por A24, Espert se defendió: “La causa es de 2021 y hablan de la campaña en 2019. Está compuesta por recortes de diarios que eran una campaña de difamación. En 2021 me veían como amenaza, yo entré como diputado. Me hacen una campaña sucia relacionándome con la campaña de 2019. Hace cuatro años que da vueltas la causa”, explicó. Acto seguido, agregó: “¿Puedo saber yo, cuando en 2019 voy a presentar mi libro, lo que hace esa persona dos años después?”, intentando despegarse de las responsabilidades.
Mientras tanto, el perfil de Fred Machado refuerza las sospechas sobre la gravedad del caso. El narcotraficante fue detenido en 2021 y acusado de liderar una sofisticada red de narcotráfico internacional. Actualmente cumple prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro, a la espera de una extradición a Estados Unidos que todavía no ha sido autorizada por la justicia argentina. Su nombre se vincula a operaciones millonarias de tráfico de drogas, lavado de dinero y utilización de empresas pantalla para mover recursos ilícitos a nivel global.
El vínculo de Espert con Machado, aunque admitido en parte, genera un fuerte impacto político porque se produce en medio de una campaña marcada por la discusión sobre la seguridad, el narcotráfico y la corrupción. La transferencia de 200.000 dólares, la relación personal reconocida y la denuncia presentada por Grabois configuran un escenario complejo para el oficialismo, que ve cómo uno de sus candidatos queda bajo la lupa judicial y mediática en un momento clave.
