El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentaron en el penal de Ezeiza la propuesta de un nuevo Código Penal, que será girada al Congreso para su debate y eventual aprobación. El mandatario insistió en la necesidad de aplicar una política de “tolerancia cero” frente al delito y repitió la consigna que caracteriza a Bullrich: “el que las hace, las paga”.
En su discurso, Milei planteó que los juicios deben ser más veloces y que las condenas se cumplan en las cárceles, como puntos centrales de la reforma. Criticó al llamado “garantismo judicial”, al que responsabilizó de haber “atado de manos a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad”, y volvió a dividir a la sociedad en dos polos: “los delincuentes” versus “los argentinos de bien”.
El nuevo Código Penal reemplazaría al vigente desde 1921 y concentra la mayor parte de sus cambios en el agravamiento de penas, la baja en la edad de imputabilidad y la incorporación de nuevas figuras delictivas. “El futuro de esta reforma depende de los legisladores. Si se ponen del lado de las víctimas y no de los delincuentes, el país va a cambiar en serio. Todos sabemos que el sistema no da para más”, afirmó Milei, presionando al Congreso para acelerar el tratamiento.
Sin embargo, el acto estuvo rodeado de fuertes contradicciones políticas y escándalos judiciales dentro del propio espacio oficialista. El diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, estuvo presente pese a que enfrenta una acusación por haber financiado su campaña con dinero del narcotráfico. Según el Bank of America y la Justicia argentina, Espert recibió 200.000 dólares del empresario narco Federico “Fred” Machado, con quien además habría viajado 35 veces en avión privado.
Espert no logró desmentir los hechos en entrevistas televisivas, esquivando preguntas directas en reiteradas ocasiones. Posteriormente, difundió un video en el que aseguró que los fondos recibidos correspondieron a un contrato de “consultoría económica” y no a un aporte irregular.
Otra figura clave del oficialismo presente en Ezeiza fue Karina Milei, secretaria general y hermana del Presidente, quien está envuelta en un escándalo por presuntas coimas. Se filtraron audios del abogado presidencial Diego Spagnuolo en los que se sugiere que Karina Milei se queda con un 3% del sobreprecio en medicamentos destinados a personas con discapacidad.
A su vez, también participó el ministro de Salud, Mario Lugones, cuestionado por la gestión de un lote de fentanilo contaminado que dejó casi 100 muertes en el sistema hospitalario.
En medio de estas denuncias contra su propio espacio, Patricia Bullrich reforzó en su discurso el concepto de endurecer las penas. Una de las propuestas más polémicas que incluyó es la incorporación de las “falsas denuncias” como delito en casos de violencia sexual, una medida que especialistas advierten puede servir para deslegitimar las denuncias de víctimas y desalentar que acudan a la Justicia.
Bullrich también hizo hincapié en la corrupción y los delitos contra el Estado, anunciando que se incrementarán las penas de cohecho, contrataciones públicas fraudulentas y delitos cometidos por funcionarios de alto rango. “Ahora se termina la impunidad, el que roba va en cana, aunque sea Presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, jueces o legisladores”, aseguró con énfasis.
El contraste fue evidente, ya que estas declaraciones fueron pronunciadas mientras Espert y Karina Milei —ambos acusados de graves irregularidades— acompañaban la presentación oficial sin que hayan respondido judicialmente a las imputaciones que pesan en su contra.
En el cierre de su exposición, Bullrich se refirió a delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, el secuestro extorsivo y la pornografía infantil, y aseguró que con la reforma “el 82% de los delitos tendrán prisión efectiva”. Ratificó, una vez más, la frase que marcó la jornada: “Es verdad que el que las hace, las paga”.
La puesta en escena del Gobierno nacional mostró así una doble cara: mientras se promueve un discurso de mano dura y tolerancia cero, figuras centrales del oficialismo están bajo la lupa por corrupción, narcotráfico y negligencia en la gestión sanitaria, lo que pone en duda la coherencia del mensaje.
