Bloque «No Hay Plata – Hoy reflexionamos sobre la desfinanciación de programas sociales ha llevado a los espacios sociocomunitarios a reducir drásticamente las raciones de comida y atención. El sector, compuesto mayoritariamente por mujeres, clama por el reconocimiento de una labor de cuidado esencial que hoy sostiene el «subsuelo» alimentario de los barrios populares.
La rama sociocomunitaria, que representa aproximadamente el 28% de la economía popular y está liderada principalmente por mujeres (el 57% de las personas registradas en el sector son mujeres), enfrenta una situación completamente caótica. Esta rama esencial, definida como una tarea de cuidado que sostiene la vida cotidiana y el sistema, debe ser reconocida tanto social como económicamente.
La crisis se profundizó con el desfinanciamiento y congelamiento de políticas sociales clave. El programa Potenciar Trabajo, que servía como reconocimiento y refuerzo para tareas informales, quedó congelado en $72.000 pesos mensuales desde enero de 2024. La falta de apoyo estatal y el aumento de los precios han provocado que la demanda en los espacios comunitarios se haya duplicado o triplicado, obligando a las organizaciones a mantener listas de espera.
En consecuencia, los espacios que antes brindaban merienda de lunes a viernes hoy solo ofrecen dos veces por semana, mientras que los comedores que daban almuerzo o cena ahora brindan comida solo un día a la semana y con gran esfuerzo.
Adicionalmente, se registran recortes y modificaciones a nivel subnacional. En la provincia de Córdoba, la municipalización del área de comedores (que albergaba a unos 750 espacios) implicó que la ayuda mensual de 250.000 pesos dejara de cobrarse. Actualmente, al dividir los recursos recibidos por la cantidad de días y personas, la ración alimentaria no llega a costar 100 pesos por persona aproximadamente.
«El trabajo de las compañeras de los barrios es un laburo que está 24/7, porque no solo realizan la prestación alimentaria, sino que también gestionan la obtención de remedios, coordinan la integración escolar, administran las políticas del barrio y hasta abordan temas de seguridad. Las organizaciones exigen el reconocimiento de esta tarea, ya que las trabajadoras, además de capacitarse y administrar los limitados fondos, ponen muchísimo de su bolsillo (datos de celular, WiFi, electricidad) para sostener los servicios comunitarios» afirma Carmén Calderón, comunicadora popular e integrante de la Mutual Mugica.
La situación es tan grave que los esfuerzos autogestivos tradicionales (rifas, bingos, venta de comida) han disminuido casi a cero, dado que los mismos vecinos ya no tienen capacidad de compra. Las organizaciones sociales, ante la falta de registro compartido y la entrega discrecional de alimentos por parte de la provincia, han unido fuerzas para elaborar un proyecto de ley que declare la emergencia alimentaria en Córdoba.
