El Gobierno Nacional promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, ambas ratificadas por el Congreso de la Nación el pasado 2 de octubre, luego de que los legisladores rechazaran los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida hasta 2026, en tanto el Parlamento no determine las fuentes de financiamiento y no se incorporen las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional del próximo año.
La decisión fue formalizada a través de los Decretos 759/2025 y 760/2025, publicados este martes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Milei; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y de las ministras Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud), según el caso.
En concreto, el Decreto 759/2025 promulga la Ley 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, con el objetivo de garantizar su funcionamiento, actualizar los presupuestos institucionales y recomponer los salarios del personal docente y no docente. En tanto, el Decreto 760/2025 promulga la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias médicas nacionales en salud por el plazo de un año, en respuesta a la crítica situación que atraviesan los hospitales pediátricos, especialmente el Hospital Garrahan.
Ambas normas habían sido sancionadas tras la insistencia del Congreso, luego de que el presidente Milei las vetara parcialmente en septiembre. El Parlamento, con amplio respaldo opositor, ratificó las leyes al rechazar el veto presidencial, forzando su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
No obstante, el Gobierno resolvió postergar su aplicación efectiva, argumentando que los textos aprobados no especifican de dónde provendrán los fondos necesarios para su ejecución. “Hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas en el Presupuesto 2026, las disposiciones de las leyes 27.795 y 27.796 permanecerán suspendidas”, establece el texto oficial.
Emergencia pediátrica: una respuesta postergada a una crisis profunda
La Ley 27.796 busca enfrentar la crisis que atraviesa la salud pediátrica en Argentina, marcada por falta de recursos, escasez de profesionales y déficit de infraestructura en hospitales de referencia. La norma declara la emergencia sanitaria pediátrica nacional por un año e instruye al Ministerio de Salud a reforzar el presupuesto hospitalario, mejorar los salarios de las residencias médicas y promover programas de formación e incentivos para retener personal especializado.
El detonante de esta iniciativa fue la situación del Hospital Garrahan, donde trabajadores y autoridades vienen alertando sobre problemas críticos de financiamiento y sobrecarga asistencial. Aunque la promulgación de la ley representaba un paso clave para atender la emergencia, la suspensión de su aplicación deja sin efecto inmediato las medidas previstas, prolongando la crisis del sector.
Financiamiento universitario: tensión entre Nación y las casas de estudio
Por su parte, la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario apunta a garantizar la actualización del presupuesto de las universidades públicas, cuyos rectores vienen advirtiendo desde comienzos del año sobre una grave desfinanciación que afecta el funcionamiento académico, las investigaciones y los salarios del personal docente y no docente.
El texto aprobado por el Congreso contempla una actualización automática de las partidas universitarias según la inflación y la creación de un fondo de emergencia para sostener el funcionamiento básico de las instituciones. También incluye una cláusula de recomposición salarial, que busca recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo reiteró el mismo argumento que había utilizado para no aplicar la ley de asistencia a personas con discapacidad, señalando que “no puede disponerse un aumento de gastos sin determinar previamente las fuentes de financiamiento correspondientes”.
Una promulgación simbólica y una aplicación incierta
Con esta decisión, el Gobierno cumple formalmente con la obligación constitucional de promulgar las leyes ratificadas por el Congreso, pero mantiene congelada su ejecución, lo que posterga la posibilidad de que sus beneficios lleguen a los sectores afectados.
De este modo, la promulgación de las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario se convierte en una medida más simbólica que efectiva, a la espera de que el Parlamento defina los recursos necesarios en el Presupuesto 2026, mientras hospitales y universidades continúan enfrentando graves dificultades operativas y financieras.
