Entre 2017 y 2024, Argentina registró 1.958 femicidios, de acuerdo con los datos del registro nacional elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El informe, que recopila información judicial de todas las provincias, refleja la persistencia de la violencia machista en el país y el impacto estructural que tiene sobre las víctimas directas y sus entornos familiares. Durante ese mismo período, al menos 1.685 niñas, niños y adolescentes perdieron a su madre como consecuencia de un femicidio, una cifra que dimensiona la profundidad de la tragedia y sus efectos a largo plazo en las infancias.
El relevamiento, publicado por el máximo tribunal, advierte que algunos casos pueden no estar incluidos, ya que el registro depende de la carátula judicial con la que se inicia la causa y de la existencia de una denuncia formal. Aun así, las cifras son elocuentes: la violencia de género continúa siendo una de las principales causas de muerte violenta de mujeres en Argentina.
El estudio también incorpora la categoría de “femicidios vinculados”, aquellos asesinatos cometidos contra personas que intentaron evitar un ataque o que fueron víctimas colaterales de la agresión. En este rubro, se registraron 187 víctimas, de las cuales el 67% fueron varones (126 casos) y el 33% mujeres (61 casos). Estos datos reflejan que la violencia machista no solo afecta a las mujeres directamente atacadas, sino también a quienes intentan interceder para salvarlas.
Las estadísticas más recientes confirman que la situación no mejora. La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) informó que desde el 1° de enero de 2025 ya se contabilizan 195 femicidios, lo que equivale a un asesinato cada 35 horas. Además, solo en lo que va de octubre, se registraron 11 víctimas fatales, es decir, una cada 28 horas, lo que refleja un agravamiento de la violencia en su expresión más extrema.
Entre los casos más resonantes de los últimos meses se encuentran los de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela; el de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en Córdoba; Gabriela Arací Barrios en Chaco; y el de Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca. Cada uno de estos nombres representa una historia truncada y la evidencia de que las políticas públicas no han logrado aún garantizar una protección efectiva para las víctimas.
En la provincia de Córdoba, la situación también resulta alarmante. Entre 2017 y 2024 se contabilizaron 140 femicidios, de los cuales 138 corresponden a mujeres cis y dos a mujeres trans. En ese período, 110 niñas y niños quedaron huérfanos, víctimas indirectas del mismo entramado de violencia. En promedio, cada año 35 mujeres son asesinadas por razones de género en el territorio cordobés, con un leve pico de 40 casos entre 2017 y 2018 y cifras que luego se mantuvieron estables entre 35 y 36 víctimas anuales.
El informe judicial señala que las agresiones están marcadas por la desigualdad estructural entre víctimas y agresores, tanto en el plano económico como en el simbólico y cultural. La mayoría de los femicidios ocurrieron en contextos de violencia doméstica, donde las víctimas ya habían denunciado amenazas o agresiones previas. En muchos casos, los agresores eran parejas o exparejas, lo que evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención, asistencia y acompañamiento.
