El Gobierno nacional avanza en la redacción de un proyecto de reforma laboral que introduce la figura de los llamados “salarios dinámicos”, un mecanismo que, según explican desde la Secretaría de Trabajo, busca adaptar la estructura salarial a la realidad de cada región o empresa. La iniciativa cuenta con el respaldo de sectores empresariales, aunque despierta fuerte resistencia en los sindicatos, que advierten que podría significar un retroceso en materia de derechos laborales.
De acuerdo con los borradores preliminares, el esquema de salarios dinámicos implicaría que los valores fijados en los convenios colectivos de trabajo funcionen como referencias generales, pero ya no como montos obligatorios mínimos para todos los trabajadores del sector. En otras palabras, los convenios dejarían de establecer “pisos” salariales y pasarían a definir “techos” de referencia, a partir de los cuales cada empresa podría negociar sus propias escalas.
El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, explicó que la medida forma parte de un reordenamiento del sistema de negociación colectiva, que apunta a descentralizar las discusiones salariales y permitir que cada unidad productiva pueda acordar condiciones específicas de acuerdo con su realidad económica y su nivel de productividad.
Según fuentes oficiales, la iniciativa habilitaría negociaciones descentralizadas entre empresas y representantes laborales, otorgando mayor flexibilidad para pactar ajustes, sumas fijas o mecanismos de revisión propios. De esta manera, cada empleador tendría la posibilidad de acordar remuneraciones diferentes, siempre que no superen los valores de referencia del convenio sectorial.
El Gobierno sostiene que este cambio estructural permitiría “modernizar” el esquema laboral argentino, que —según argumentan— mantiene una rigidez incompatible con las dinámicas actuales del mercado de trabajo. Además, el proyecto busca eliminar la indexación automática de los salarios a la inflación, con el fin de vincular los aumentos exclusivamente al desempeño económico de cada empresa o sector.
En los borradores que prepara la Secretaría de Trabajo, se plantea que los convenios colectivos establezcan rangos salariales de referencia y pautas generales, pero sin fijar mínimos inamovibles. Con esto, el Gobierno apunta a asociar la evolución de los ingresos con los resultados productivos y evitar subas homogéneas que —según su visión— no reflejan las diferencias regionales o sectoriales.
Desde la administración libertaria sostienen que el nuevo modelo fomentaría la “sustentabilidad del empleo formal”, reduciendo la presión sobre las pequeñas y medianas empresas. En esa línea, aseguran que el sistema permitiría preservar puestos de trabajo en momentos de crisis y acompañar la competitividad de las firmas en entornos de baja actividad.
Sin embargo, las organizaciones sindicales se manifestaron en absoluto desacuerdo con la iniciativa. Para los gremios, introducir la figura de los “techos” salariales en lugar de los “pisos” implicaría una pérdida de garantías históricas para los trabajadores. “La negociación colectiva dejaría de ser una herramienta de protección y se convertiría en un mecanismo de ajuste”, señalaron desde la Confederación General del Trabajo (CGT).
En la misma línea, dirigentes de la CTA de los Trabajadores advirtieron que la reforma podría derivar en una “fragmentación salarial” y en la precarización de las condiciones laborales, al debilitar el poder de negociación de los sindicatos frente a las patronales. También cuestionaron que la eliminación de los mínimos obligatorios abriría la puerta a disparidades salariales profundas entre empresas del mismo sector.
Desde la Secretaría de Trabajo respondieron que el objetivo “no es eliminar la negociación colectiva, sino dotarla de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación al contexto económico actual”. Según el texto preliminar, la medida busca “promover la competitividad, incentivar la mejora productiva y reconocer la diversidad de las estructuras empresariales”.
