La denuncia, presentada ante los tribunales federales, sostiene que “estos delitos se habrían materializado a través de la intervención fáctica de potencia extranjera en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) regido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)… operando directamente para establecer el valor del dólar financiero (CCL)”. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°12, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini.
La presentación fue realizada por el economista Claudio Lozano, el abogado Jonatán Baldiviezo, la ingeniera María Eva Koutsovitis y el letrado Marcos Zelaya, junto a las organizaciones Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
Según la denuncia, Milei “negoció con Donald Trump esa delegación de la política cambiaria y ordenó a Caputo que negociara la implementación con Scott Bessent mientras el Banco Central permite que continúe la intervención extranjera”.
Los denunciantes afirman que la intervención directa del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado cambiario argentino constituye una “violación a la soberanía del Estado”. Esa supuesta injerencia se habría realizado a través de entidades financieras como Santander, Citi y J.P. Morgan, que compraron pesos argentinos “con el fin explícito de interferir en la cotización del dólar”.
Los impulsores de la demanda sostienen que los hechos revisten “una gravedad institucional extrema”, ya que no existirían antecedentes en la historia argentina, “ni siquiera en gobiernos de facto”, de una cesión tan explícita de facultades soberanas a otro país.
Además, denunciaron que esta intervención “no fue un acto de asistencia desinteresado”, sino que habría estado acompañada por exigencias del gobierno estadounidense en áreas estratégicas como energía, minería, litio, uranio y petróleo, junto con condiciones en materia de acuerdos comerciales y de inversión.
El texto judicial pide investigar a los funcionarios por un concurso de delitos, entre ellos:
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 del Código Penal).
- Infidelidad diplomática o delitos que comprometen la dignidad de la Nación (art. 225).
- Abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público (arts. 248 y 249).
- Fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5°).
- Agiotaje financiero, tipificado como delito contra el orden económico (art. 309).
En su argumentación, los denunciantes aseguran que los funcionarios “incumplieron el juramento de desempeñar sus cargos con lealtad y patriotismo” y los califican directamente de “traidores a la patria”.
El escrito también acusa al Banco Central de haber renunciado de facto a su deber legal de controlar la política cambiaria, dejando al país en un estado de “vulnerabilidad total”.
Finalmente, la presentación concluye: “Esa delegación ilegal ha transferido el poder de fijar el valor del peso, el sistema de precios y la competitividad de la economía a una potencia extranjera, en flagrante detrimento del interés nacional y del futuro de los argentinos”.
