El Servicio Penitenciario de Córdoba concretó el traslado de Franco y Leandro Artaza, internos de alto riesgo, a cárceles federales en Buenos Aires por disposición judicial e informes de inteligencia que alertaban sobre actividades delictivas.
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El Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba concretó este jueves el traslado de dos internos de alto perfil hacia cárceles de máxima seguridad bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, ubicadas en la provincia de Buenos Aires. La medida se llevó a cabo con la asistencia de la Policía de Córdoba y contó con un importante despliegue de seguridad.
Los detenidos fueron trasladados desde el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde fueron escoltados hacia un establecimiento penitenciario federal especialmente preparado para recibir a personas consideradas de alto riesgo institucional y criminal. Los operativos incluyeron estrictos protocolos de seguridad, tanto en tierra como en el aire, con personal especializado y la intervención coordinada de las fuerzas provinciales y nacionales.
Los internos trasladados son Franco Gabriel Artaza y Leandro Ezequiel Artaza, quienes cumplían condenas en establecimientos penitenciarios de Córdoba. Franco Artaza se encontraba alojado en el Establecimiento Penitenciario N°7 de San Francisco, mientras que Leandro Artaza estaba detenido en el Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje. Ambos fueron identificados por los servicios de inteligencia penitenciaria como líderes de organizaciones criminales que, pese a estar privados de su libertad, continuaban intentando coordinar actividades delictivas desde el interior de las cárceles provinciales.
El traslado se enmarca en el convenio sobre Alojamiento de Personas Privadas de Libertad de Distinta Jurisdicción, firmado entre el Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Este acuerdo permite derivar a establecimientos federales a detenidos considerados de alto perfil, con el objetivo de garantizar un mayor control y neutralizar posibles riesgos operativos dentro del sistema penitenciario local.
El ministro de Justicia y Trabajo de la Provincia, Julián López, explicó que la decisión fue adoptada “en base a las disposiciones judiciales y a los informes de inteligencia criminal penitenciaria que indicaban que desde los establecimientos los internos seguían intentando delinquir”. López destacó que se trata de una medida preventiva, orientada a preservar la seguridad institucional y a evitar que las cárceles provinciales sean utilizadas como centros de coordinación delictiva.
Los hermanos Artaza continuarán cumpliendo sus condenas en un penal federal hasta que puedan ser trasladados al Centro de Máxima Seguridad (CEMAX), una nueva unidad penitenciaria que se está construyendo dentro del Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse” de Bouwer. Este establecimiento, diseñado para alojar a internos catalogados como de “Alto Perfil de Riesgo”, será un espacio modelo dentro del sistema penitenciario provincial, con infraestructura moderna y tecnología de vigilancia avanzada. La obra, según precisó el Ministerio de Justicia, estará finalizada durante el primer semestre de 2026.
Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, remarcó la importancia del operativo y subrayó el compromiso del Gobierno provincial en la lucha contra el delito. “La gente se tiene que quedar absolutamente tranquila de que en Córdoba las instituciones funcionan. Y este operativo es la demostración de que al delito se lo persigue en todas sus formas”, afirmó Quinteros, quien valoró la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario para garantizar la ejecución del traslado sin incidentes.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, Franco Artaza cumple condena por los delitos de resistencia a la autoridad, tentativa y homicidio agravado, además de amenazas calificadas, con fecha de cumplimiento prevista hasta julio de 2029. En tanto, Leandro Artaza está condenado por tenencia de armas de guerra, amenazas calificadas y homicidio agravado, con condena vigente hasta septiembre de 2034.
