En octubre de 2025, una persona mayor en la ciudad de Córdoba necesitó más de $586.000 para afrontar sus necesidades básicas mensuales, según el informe “Canasta de Gastos de las Personas Mayores” elaborado por el Área de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. El estudio advierte que el poder adquisitivo de la jubilación mínima nacional continúa deteriorándose, con una cobertura que apenas alcanza el 67,6% de esa canasta.
El relevamiento provincial muestra que, pese a los bonos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), los adultos mayores siguen enfrentando serias dificultades para sostener sus gastos esenciales, especialmente en rubros sensibles como medicamentos, alimentación y servicios básicos. En los últimos seis meses, la pérdida de capacidad de compra se profundizó debido al incremento sostenido de precios y al estancamiento del monto de los haberes previsionales.
El informe detalla que el rubro “Medicamentos” representa actualmente el mayor peso dentro del presupuesto mensual de las personas mayores, llegando a ocupar un 36,1% del total de los gastos corrientes. En valores concretos, durante octubre una persona jubilada necesitó en promedio $211.380 para adquirir los medicamentos necesarios para tratar sus problemas de salud. Este dato confirma la tendencia de los últimos meses, en los que los precios de los fármacos crecieron por encima del promedio general de la inflación.
El estudio de la Defensoría compara estos datos con el haber mínimo nacional, que en octubre se ubicó en $396.298, incluyendo el bono extraordinario de $70.000 otorgado por la Anses. Aun con ese refuerzo, el ingreso apenas alcanzó a cubrir dos tercios del costo total de la canasta de gastos de una persona mayor en Córdoba, estimada en $586.086. En abril de 2025, esa cobertura llegaba al 68,8%, lo que significa que en el último semestre se registró una pérdida adicional del poder de compra del 1,2%.
La brecha entre ingresos y gastos se explica por dos factores principales. Por un lado, el aumento sostenido en rubros clave como los medicamentos y los alimentos, cuyos precios superaron la inflación general. Por otro, el congelamiento del bono de $70.000, que no se actualiza desde marzo de 2024. Esa falta de ajuste redujo progresivamente el impacto positivo que el beneficio tuvo en un primer momento, hasta volverlo insuficiente frente al encarecimiento del costo de vida.
Entre abril y octubre de 2025, la canasta de gastos de las personas mayores aumentó un 13,3%, mientras que el haber mínimo de jubilados y pensionados nacionales se ajustó solo un 11,4%. Esa diferencia de casi dos puntos porcentuales profundizó el deterioro del poder adquisitivo de este sector, que enfrenta cada vez más dificultades para cubrir los gastos básicos mensuales.
El informe también resalta que la situación se agrava por la estructura de consumo propia de las personas mayores, más dependiente de bienes y servicios que no pueden reducirse o postergarse, como medicamentos, atención médica, alquiler y servicios públicos. En ese contexto, la inflación impacta con mayor dureza en este grupo, que no dispone de mecanismos inmediatos para compensar la pérdida de ingresos reales.
“La situación de las personas mayores, en especial la de los jubilados y pensionados nacionales, es cada vez más crítica, al punto que muchos necesitan de la ayuda de sus hijos para poder llegar a fin de mes”, advirtió Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba.
