Imputaron a Claudio Vignetta por la compra irregular de uniformes para la Guardia Urbana

El exsecretario de Seguridad de Córdoba fue acusado por negocios incompatibles con la función pública en una contratación de casi $99 millones para la Guardia Urbana.
Guardia Urbana

El fiscal Anticorrupción de la Provincia, Franco Mondino, imputó al exsecretario de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba, Claudio Vignetta, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la compra de uniformes destinados a la Guardia Urbana. La medida judicial se concretó por el presunto delito de negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, a raíz de una contratación directa por casi 99 millones de pesos.

Con esta decisión, Vignetta se convierte en el tercer imputado en una causa que investiga la adjudicación de la compra de 400 uniformes a la empresa Yche S.A., firma radicada en la localidad de La Calera y propiedad del expolicía Sebastián Aguilera. Según fuentes judiciales, la imputación alcanza también a Walter Ramón Luján, exsubsecretario de Seguridad municipal y estrecho colaborador de Vignetta, quien ya había sido acusado junto con Aguilera por la misma operación.

La investigación apunta a determinar si existieron vínculos personales o profesionales entre los funcionarios responsables del área de Seguridad y el empresario adjudicatario que pudieran haber influido en la asignación del contrato. De acuerdo con la hipótesis del fiscal Mondino, las relaciones entre Luján y Aguilera habrían generado una situación de incompatibilidad de intereses que vulneró los principios de transparencia y legalidad en la administración pública.

La Municipalidad de Córdoba había adjudicado inicialmente la compra de los uniformes en febrero de 2024 mediante una contratación directa con Yche S.A., por un monto cercano a los 99 millones de pesos. Sin embargo, cuando se conoció el vínculo entre el empresario y el funcionario municipal, la operación fue anulada de inmediato por el Ejecutivo local, y Luján fue desplazado de su cargo.

En octubre del mismo año, el municipio reabrió el proceso a través de una nueva licitación pública para adquirir los mismos 400 uniformes. El resultado sorprendió: el contrato fue adjudicado por 55 millones de pesos, lo que representó un ahorro de 44 millones respecto de la operación anterior. Este dato reforzó las sospechas sobre la primera contratación, que ahora está bajo la lupa de la Justicia por posibles irregularidades y sobreprecios.

El abogado Justiniano Martínez asumió la defensa de Vignetta, quien hasta ahora no había sido alcanzado por las sospechas directas del caso. Su imputación se produce luego de que el fiscal Mondino incorporara nuevos elementos probatorios y declaraciones que habrían confirmado su rol en la supervisión y aprobación del proceso de compra.

Vignetta, que proviene de la Policía de Córdoba, había llegado al municipio en diciembre de 2023 de la mano del intendente Daniel Passerini, con el objetivo de estructurar y fortalecer el área de Seguridad y Prevención Comunitaria. En abril de 2025 presentó su renuncia, pocos días antes de que trascendieran públicamente los detalles de la investigación que hoy lo involucra.

Su trayectoria en la administración pública es extensa y polémica. En septiembre de 2014 fue removido de la plana mayor de la Policía de Córdoba, donde había alcanzado el rango de comisario mayor. Un año más tarde, fue designado como secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil del Gobierno provincial, cargo desde el cual coordinó operativos contra incendios forestales en todo el territorio cordobés.

Tras su paso por la gestión provincial, Vignetta se incorporó a la administración municipal con un perfil técnico y operativo. Sin embargo, su salida de la Secretaría de Seguridad se produjo en medio de tensiones internas y cuestionamientos por los procesos de compra realizados durante su gestión.

La causa, que se tramita en la Fiscalía Anticorrupción, busca determinar si existió una maniobra dolosa para beneficiar a un proveedor vinculado a funcionarios municipales y si la adjudicación original implicó perjuicio económico para las arcas públicas. En los próximos días, el fiscal Mondino definirá si convoca a declaración indagatoria a los tres imputados y avanzará en el análisis de la documentación contable y administrativa vinculada a la compra.

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