El proyecto de Presupuesto 2026 que el Gobierno Nacional enviará a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre generó preocupación en el sistema universitario público, debido a que la pauta de financiamiento prevista no se ajusta a lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario. Según los cálculos del Consejo Interuniversitario Nacional, la norma vigente fija un piso de 7,2 billones de pesos para el año próximo, mientras que el proyecto oficial contempla una asignación de 4,8 billones, es decir, un 30% menos de lo establecido por la legislación. Aunque el monto representa un incremento respecto a la situación actual, las autoridades universitarias advierten que continúa significando un ajuste en términos reales. Señalan que la cifra prevista no sólo queda por debajo del mínimo legal, sino que tampoco permite recuperar los niveles de funcionamiento, inversión y salarios que se vieron afectados en los últimos años. Desde el sector académico remarcan que los 7,2 billones reclamados no representan una expansión del gasto educativo en comparación con períodos previos, sino únicamente la recomposición necesaria para evitar un deterioro mayor en la calidad académica y en las condiciones laborales dentro de las instituciones públicas de educación superior.
El reclamo central de los rectores apunta a que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un mecanismo de actualización progresiva de las partidas destinadas a las universidades y fija criterios claros respecto a cómo debe evolucionar el presupuesto en función de variables económicas y de las necesidades del sistema. En este contexto, distintas universidades realizaron presentaciones institucionales señalando que el proyecto oficial se aparta de ese mandato legal, lo que podría comprometer la capacidad operativa de las casas de estudio en un escenario ya condicionado por restricciones presupuestarias, aumentos de costos y dificultades para sostener actividades esenciales. La preocupación se extiende no sólo al financiamiento general, sino también a los criterios establecidos por el Poder Ejecutivo para el desembolso de los fondos. El proyecto de Presupuesto 2026 incluye una cláusula que faculta a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente de la Secretaría de Educación, a interrumpir las transferencias de recursos en caso de que las universidades no presenten en tiempo y forma las rendiciones de gastos correspondientes. Si bien este requisito ya forma parte de los mecanismos habituales de control administrativo, la incorporación explícita de la posibilidad de interrumpir transferencias generó inquietud en rectores y especialistas, quienes advierten que esta potestad podría derivar en situaciones de incertidumbre financiera para instituciones cuyo funcionamiento depende de partidas regulares.
El documento del Ejecutivo también establece que cada universidad deberá clasificar su presupuesto según las categorías de educación y cultura; salud; y ciencia, tecnología e innovación, y que tanto la ejecución presupuestaria como la cuenta de inversión deberán adecuarse a esa estructura. Este esquema de ordenamiento, según especialistas en administración pública, busca unificar criterios de seguimiento presupuestario, aunque implica la adaptación de herramientas y sistemas contables de cada institución. Paralelamente, el proyecto mantiene la postura oficial respecto de otras leyes educativas vigentes. Por tercer año consecutivo no se prevé la aplicación de la Ley de Financiamiento Docente, que establecía la obligación de destinar el 6% del PBI a educación, ni se contemplan los niveles mínimos de inversión detallados en la Ley de Educación Técnico Profesional y en la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología. La Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió además que la iniciativa del Ejecutivo elimina los pisos de inversión establecidos por la Ley de Educación Nacional, dejando en manos de cada presupuesto anual la definición de los recursos que se asignarán al sistema educativo. Esta decisión, según el organismo, implica la eliminación de valores de referencia que históricamente funcionaron como parámetros de resguardo para garantizar niveles mínimos de financiamiento.
