El Consejo del Salario volvió a reunirse después de varios meses sin actividad, pero el encuentro terminó en un nuevo fracaso que dejó expuesta la distancia entre los reclamos sindicales, las propuestas empresarias y el rol del Gobierno nacional. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, el Ejecutivo volverá a fijar por decreto el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), tal como ya ocurrió en otras oportunidades desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La discusión se desarrolló sobre la base del salario mínimo vigente, que actualmente es de $322.000, y en un contexto económico marcado por la pérdida de poder adquisitivo y por tener, según distintos informes, el salario mínimo en dólares más bajo de la región.
En la reunión, la CGT ratificó su planteo de un incremento que lleve el salario mínimo a $512.000 y que establezca una actualización a $553.000 en abril de 2026. La CTA de los Trabajadores acompañó este pedido, consolidando una postura unificada entre ambas centrales obreras. La CTA Autónoma, en cambio, propuso un aumento mayor y planteó que el salario mínimo debía alcanzar los $736.000, con el argumento de que ese monto permitiría superar la línea de indigencia y ofrecer un alivio frente a la marcada caída del ingreso real que atraviesan los trabajadores.
Sin embargo, fue la propuesta empresarial la que terminó de clausurar cualquier posibilidad de acercamiento. Las cámaras ofrecieron subir el SMVM de $322.000 a apenas $326.000, es decir, un ajuste de solo $4.000. Recién en abril ofrecieron llevar el monto a $349.000, muy lejos de los valores reclamados por las organizaciones sindicales. Este planteo generó un rechazo inmediato y dejó sin margen de negociación al encuentro. La distancia entre las partes no solo es cuantitativa, sino también conceptual: mientras los gremios argumentan la necesidad urgente de recomponer ingresos por la pérdida acumulada frente a la inflación, los empresarios insisten en que el contexto económico y la apertura comercial obligan a moderar cualquier incremento en los costos laborales.
La discusión se da en un momento particularmente sensible. De acuerdo con un informe del CELAG, el salario mínimo argentino, expresado en dólares, cayó a 225 unidades de la moneda estadounidense, ubicándose incluso por debajo de los niveles registrados en la crisis de 2001. Este dato alimentó las críticas sindicales, que señalan que la política salarial del Gobierno no acompaña las necesidades básicas de los trabajadores y que, al fijar los aumentos por decreto, el Ejecutivo tiende a alinearse con las posiciones empresariales.
No es la primera vez que sucede. En mayo pasado, la Casa Rosada dispuso una suba escalonada que llevó el salario mínimo a $308.200 a partir del 1° de mayo, a $313.400 en junio, a $317.800 en julio y finalmente a los actuales $322.000 desde agosto. Esa decisión también llegó tras un encuentro del Consejo del Salario que no logró consensos y donde el Gobierno se mostró más cercano a las cámaras empresarias que a los sindicatos. En aquella ocasión, los gremios reclamaban que el salario mínimo ascendiera a $644.165 en abril y a $657.703 en mayo, lo que implicaba un aumento de alrededor del 120%. Los empresarios, por su parte, ofrecían cifras muy inferiores: $301.500, $306.500 y $311.500.
El contraste con la negociación actual también deja a la vista una tendencia preocupante. Mientras los sindicatos han moderado sus pretensiones frente al deterioro económico y buscan evitar que el salario mínimo se siga alejando del costo de vida, las cámaras empresarias sostienen una estrategia de ajustes mínimos que, en los hechos, mantienen el SMVM en valores extremadamente bajos.
