El fiscal José Mana ordenó la detención de diez guardiacárceles del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), acusadas de haber golpeado brutalmente a un interno trans en el Complejo Carcelario de Bouwer. Las agentes, que se desempeñaban en el pabellón femenino, fueron imputadas por los delitos de abuso de poder y violencia institucional, en un hecho que generó una fuerte conmoción y reavivó el debate sobre los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por la propia víctima, quien fue atacada el pasado 23 de noviembre. La persona privada de la libertad se encontraba alojada en el pabellón de mujeres y, según trascendió, había iniciado su proceso de transición durante su período de detención. Luego de manifestar su decisión de comenzar esa transición, habría sido blanco de agresiones físicas por parte de varias agentes penitenciarias, en lo que se presume fue un acto de castigo, discriminación y violencia por motivos de género.
De acuerdo al contenido del expediente judicial, las guardiacárceles habrían encerrado al interno en un cuarto, donde ingresaban de a una para golpearlo, en un mecanismo que evidenciaría una práctica sistemática y planificada. Este detalle fue clave para que la causa adquiriera mayor gravedad, ya que no se trataría de un hecho aislado, sino de un procedimiento organizado con el objetivo de agredir y humillar a la víctima.
El caso también derivó en una investigación administrativa interna, impulsada por la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba, Carolina Funes. En el marco de esa instrucción, se revisaron registros de las cámaras de seguridad del complejo carcelario, cuyos elementos resultaron fundamentales para confirmar la existencia del hecho denunciado y avanzar en la imputación de las agentes involucradas. Tras ese relevamiento, la denuncia fue formalmente derivada a la Justicia y quedó bajo la órbita del fiscal Mana, quien ordenó las detenciones en las últimas horas.
Fuentes vinculadas a la causa no descartan que la imputación pueda ampliarse e incluir el agravante de discriminación por razones de género, en el marco de la legislación vigente en materia de identidad de género y derechos de las personas trans. En ese sentido, organizaciones de derechos humanos y colectivos de diversidad sexual comenzaron a expresar su repudio ante lo ocurrido y exigieron que se garantice una investigación profunda, con perspectiva de género y sin encubrimientos institucionales.
La detención de diez agentes penitenciarias pone en evidencia la gravedad del caso y la magnitud del accionar denunciado. Además, plantea fuertes interrogantes sobre los mecanismos de control dentro del sistema carcelario, las condiciones de detención de las personas trans y la capacitación del personal penitenciario en materia de derechos humanos y diversidad.
