Los principales gremios estatales de Córdoba encendieron una señal de alerta y lanzaron un rechazo categórico al polémico artículo 63 del proyecto normativo difundido recientemente. La disposición faculta al Poder Ejecutivo provincial a incrementar de forma unilateral hasta un 4% las alícuotas de aportes personales a la Caja de Jubilaciones. Para los sindicatos, esa habilitación representa un retroceso y un golpe directo al salario de los trabajadores, además de una vulneración a derechos previsionales que consideran consolidados.
El arco gremial sostuvo que el fundamento oficial —la sostenibilidad del sistema— no puede traducirse en medidas que recaigan exclusivamente sobre los empleados activos. También plantearon que cualquier reforma previsional debe respetar los principios de equidad, solidaridad y progresividad, pilares que, a su entender, el artículo cuestionado ignora. En ese marco, exigieron que se retire de inmediato del debate legislativo.
Los sindicatos recordaron que los trabajadores estatales ya han hecho “esfuerzos económicos sostenidos” desde el inicio de la gestión provincial. Señalaron que en este tiempo se aplicaron incrementos en los aportes a la Caja de Jubilaciones y a APROSS, mientras que la inflación y la falta de actualización salarial deterioraron gravemente el poder adquisitivo. “De ninguna manera permitiremos nuevos descuentos ni rebajas salariales”, advirtieron en un comunicado conjunto.
La respuesta gremial no se limitó a un pronunciamiento público. Las organizaciones solicitaron una audiencia urgente con el presidente provisional de la Legislatura, antes del inicio de las audiencias públicas previstas para tratar el proyecto. El objetivo es abrir una instancia formal de diálogo que permita evaluar alternativas que no impliquen un impacto negativo en los ingresos de los trabajadores. Los sindicatos reclaman una discusión amplia, con participación técnica y previsional, y rechazan cualquier intento de imponer modificaciones sin consulta ni consenso.
El comunicado lleva las firmas de una amplia gama de organizaciones: SEP, SELC (Legislativos), UEPC, ACEC (Casinos), Gráficos, ADEME, Luz y Fuerza Regional, Luz y Fuerza Río Cuarto, Sivialco, Músicos, UPS, Judiciales, Federación de Municipales, AMET, APSE, Bancarios, SUOEM y Luz y Fuerza Córdoba. La lista evidencia la transversalidad del rechazo, que abarca sectores de la administración pública, docentes, municipales, trabajadores de energía, bancarios y judiciales, entre otros.
El trasfondo de este conflicto se desarrolla en un contexto económico atravesado por tensiones salariales y el deterioro constante de los ingresos reales. Los gremios recuerdan que, mientras el Gobierno provincial busca ajustar sobre los aportes personales, el Gobierno nacional continúa empujando políticas que recortan el gasto social y condicionan la administración de recursos en las provincias. En Córdoba, esa dinámica se traduce en cuentas ajustadas y la tentación de transferir el peso del desgaste financiero a los trabajadores.
La discusión previsional es un tema recurrente en la provincia, con antecedentes recientes de reformas que generaron fuerte resistencias y movilizaciones. Los sindicatos resaltan que cualquier intento de cargar nuevamente sobre los asalariados activos no hará más que profundizar el conflicto y erosionar la confianza en el sistema previsional.
