En diálogo con La Despensa, Inés León Barreto explicó que el reclamo “no es nuevo” y que Córdoba es una de las pocas provincias que todavía no cuenta con un mecanismo de estas características, a pesar de los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional. “Desde hace más de diez años organizaciones sociales venimos exigiendo la creación de un organismo que se encargue de la prevención de la tortura, los malos tratos y las penas crueles”, afirmó.
Según señaló, el tema volvió a tomar estado público a partir de la presentación del proyecto de Procuración Penitenciaria Provincial. “Entre gallos y medianoche, cerca de Navidad, presentaron un proyecto que crea toda una estructura nueva, con cargos vitalicios y un costo que rondaría los 110 millones de pesos”, cuestionó. Y agregó: “No hacen lo que deben hacer, que es cumplir con la creación del mecanismo local de prevención, pero sí hay dinero para armar otra cosa”.
León Barreto remarcó que existen antecedentes y proyectos presentados en la Legislatura que daban respuesta al reclamo. “No es que no sepamos cómo conformar este mecanismo. Está muy estudiado, hay provincias que lo tienen funcionando desde hace casi 20 años, como Chaco”, sostuvo. En ese sentido, consideró que “no se entiende la racionalidad de crear una estructura paralela cuando lo que falta es cumplir con una obligación legal”.
La referente de derechos humanos advirtió que la necesidad del mecanismo se vuelve aún más urgente frente al incremento de la violencia institucional. “En Córdoba vemos picos cada vez más altos. Hay muertes en cárceles, casos de maltrato y situaciones gravísimas que se repiten”, expresó. También mencionó el caso de las agentes penitenciarias detenidas por maltratar a una persona privada de la libertad como uno de los ejemplos recientes.
Además, aclaró que el mecanismo local no se limita únicamente al sistema penitenciario. “No es solo el ingreso a las cárceles. También se trabaja en instituciones de salud mental y otros espacios donde pueden producirse hechos de tortura o malos tratos”, explicó. Y añadió: “Es un mecanismo amplio, por eso creemos que la provincia no quiere llevarlo adelante”.
León Barreto señaló como una diferencia central que el mecanismo de prevención debe contar con participación de organizaciones sociales. “Tiene que estar integrado por múltiples actores: el Ejecutivo, la Legislatura, las universidades públicas, pero también las organizaciones que llevan años trabajando en derechos humanos en contextos de encierro”, afirmó. “Esa participación es parte de nuestra pelea”.
Consultada sobre la situación actual, indicó que el último informe nacional de prevención de la tortura, presentado en 2024, reflejó graves irregularidades en distintas instituciones. “Nosotros participamos de relevamientos, ingresamos a establecimientos y quedó documentado lo que pasó durante ese año”, explicó. Sin embargo, remarcó que sin un mecanismo local “no se puede ingresar libremente ni contrastar lo que relatan los familiares con pruebas concretas”.
“No es ingenuo que no habiliten este mecanismo”, sostuvo. “Si no hay nadie que pueda entrar, observar, entrevistar, registrar con cámaras y denunciar, todo lo que pasa adentro queda oculto”. En ese sentido, definió al mecanismo como “un gran ojo que mira a un poder cerrado y total”.
Finalmente, se refirió a casos recientes de violencia institucional y al acompañamiento a las familias. “Lo que podemos hacer es acompañar y usar nuestros contactos para que la Justicia avance”, señaló, y reclamó que las investigaciones lleguen “hasta las últimas consecuencias”. “El modo de actuar de las fuerzas de seguridad, cuando se les va la mano, sigue siendo tapar la escena y modificarla para no quedar como responsables”, concluyó.
Escuchá la nota completa con Inés León Barreto acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
