La Legislatura de Córdoba se encamina a aprobar en segunda lectura el Presupuesto 2026, que incorpora un paquete de iniciativas clave vinculadas al financiamiento del sistema previsional y de salud provincial. El debate se desarrolla en un contexto marcado por el déficit estructural de la Caja de Jubilaciones y una creciente tensión entre el Gobierno provincial y los gremios estatales, que ya anticipan nuevas medidas de protesta.
El oficialismo que responde al gobernador Martín Llaryora avanzó con proyectos que amplían las facultades del Poder Ejecutivo para incrementar los aportes de los trabajadores activos de la administración pública. Una de las iniciativas habilita un aumento de hasta cuatro puntos porcentuales en los aportes personales a la Caja de Jubilaciones, siempre y cuando se declare la emergencia previsional. Desde el Gobierno justifican la medida en la situación “crítica” del sistema, con un déficit proyectado que superaría los 800.000 millones de pesos durante el próximo año.
La propuesta generó un rechazo inmediato de los más de 15 gremios estatales, que advierten que el incremento de los aportes impactará de manera directa en los salarios de los trabajadores activos, ya deteriorados por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Las organizaciones sindicales sostienen que el ajuste vuelve a recaer sobre los empleados públicos y reclaman alternativas de financiamiento que no impliquen una mayor carga sobre los ingresos.
A este escenario se suma el posible tratamiento de una suba del 2% en los aportes destinados a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross). De aprobarse, el aporte total de los trabajadores de la administración pública provincial pasaría del 4,5% actual a un 6,5%. Desde el Ejecutivo provincial argumentan que la medida es necesaria para sostener el funcionamiento del sistema de salud y garantizar la cobertura de prestaciones en un contexto de aumento de costos y mayor demanda.
Los sindicatos, en cambio, advierten que la combinación de ambos incrementos significará un nuevo recorte salarial encubierto. Señalan que el impacto acumulado de los aportes previsionales y de salud reducirá aún más el ingreso disponible de los trabajadores y profundizará el conflicto social en el sector público.
En paralelo al debate por los aportes, la Comisión Previsional de la Legislatura comenzó a tratar un proyecto impulsado por docentes jubiladas, que propone restituir el 82% móvil para todos los pasivos provinciales. La iniciativa busca recuperar el nivel de los haberes previo a las sucesivas reformas aplicadas en los últimos años, que, según las impulsoras, deterioraron de manera significativa los ingresos de los jubilados.
Ese tratamiento se complementará con una propuesta presentada por el legislador oficialista Matías Chamorro. El proyecto plantea aplicar el 82% móvil pleno en los haberes más bajos y establecer un esquema de jubilaciones máximas, con ajustes progresivos en los tramos superiores, tomando como referencia el modelo vigente en la Anses. La iniciativa apunta a introducir criterios de progresividad en el sistema previsional, en un intento por equilibrar las cuentas sin afectar de igual manera a todos los beneficiarios.
