La resolución está vinculada a los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2024, durante la represión policial registrada en el marco de la visita del presidente Javier Milei a la ciudad de Córdoba, causa que había sido instruida por De Aragón en el contexto de las protestas llevadas adelante por el sindicato y la central sindical.
En ese marco, el fiscal había intentado sumar nuevas imputaciones contra Giuliani, acusándolo del delito de “instigación publica para cometer delitos”, previsto en el artículo 33 del Código Penal, como parte de lo que desde el entorno gremial denuncian como una persecución judicial contra dirigentes sindicales.
Al referirse a la decisión judicial, Giuliani afirmó: “Ya sabemos que De Aragón es un ariete de la persecución judicial en mi contra y de otros dirigentes. Lo denunciamos públicamente. De todas formas vivimos estos procesos con mucho orgullo y mucha fuerza, tenemos un reservorio moral muy grande. Seguimos diciendo que protestar no es un delito sino un derecho. También tenemos legitimidad porque luchar por una vida digna para nuestra gente nos lo da y que seguiremos estando permanentemente en la calle”.
En el marco de esta causa, el fiscal había ordenado una serie de medidas que desde la defensa calificaron como desproporcionadas, entre ellas allanamientos en la sede de la Seccional ATE Río Cuarto y en el domicilio particular de Giuliani, además del secuestro de su teléfono celular y el de su hijo menor de edad. Asimismo, le impuso una caución de 10 millones de pesos para conservar la libertad durante el proceso.
El abogado defensor, Claudio Orosz, explicó los fundamentos del fallo judicial y remarcó la falta de competencia del fiscal provincial. “Resulta que el Fiscal le imputa a Giuliani un delito establecido en el articulo 33, que es de orden federal. Es decir que De Aragón pretendió llevar a juicio a Federico por un delito para el que no es competente. Se lo dijimos desde la defensa, después se lo dijo la Jeza de Control, que nos dio la razón en primera instancia, y ahora se lo dice la Cámara de Apelaciones”, sostuvo.
Cabe recordar que De Aragón fue denunciado penalmente por el propio Giuliani a raíz de la represión ocurrida el 28 de agosto pasado durante una marcha hacia la Municipalidad de Córdoba, en la que el dirigente sindical fue detenido y sufrió vejámenes policiales que derivaron en la fractura de un brazo.
Este fallo se suma a otro antecedente reciente en el que la Cámara de Acusación ya había sobreseído a Giuliani y a otros dirigentes sociales en una causa impulsada por el mismo fiscal, vinculada a la Marcha Contra el Hambre realizada en abril de 2023, donde se los había acusado de “entorpecimiento al transporte”. En aquella resolución, el tribunal sostuvo que “…Es indiscutible el derecho de los ciudadanos a transitar por el territorio argentino, a reunirse y a peticionar a las autoridades (art. 14 de la Constitución Nacional), en cuyo marco se ejerce, o en sí mismo consiste, el derecho a manifestar sus opiniones y reclamos en la vía pública”.
Con esta nueva decisión, el tribunal volvió a rechazar una causa impulsada por De Aragón y dispuso que el expediente sea derivado a la Justicia Federal, marcando así otro límite a la actuación del fiscal en investigaciones contra dirigentes sindicales y sociales.
