La tensión entre los gremios estatales y el Gobierno de Córdoba volvió a escalar este lunes, luego de que los sindicatos del sector público no fueran recibidos por autoridades provinciales en el Centro Cívico. La situación encendió las alarmas en el ámbito laboral y previsional, ya que ocurre en paralelo al inminente avance de la reglamentación de la nueva ley que incrementa los aportes a la Caja de Jubilaciones y a APROSS, una medida que los trabajadores rechazan de plano.
En un duro comunicado difundido tras el frustrado intento de reunión, los secretarios generales de los gremios exigieron “respuestas a las autoridades” y denunciaron que el Ejecutivo provincial estaría avanzando “a espaldas de los sindicatos”, pese a haber prometido una mesa de diálogo para consensuar la reglamentación de la norma. La crítica apunta directamente al gobernador Martín Llaryora, a quien exhortaron a recibir a los representantes gremiales antes de poner en vigencia los cambios previsionales aprobados la semana pasada por la Legislatura.
“El Gobierno pretende implementar un fuerte ajuste sobre activos y jubilados sin escuchar a quienes sostienen el Estado todos los días”, advirtieron desde el arco sindical, que además ratificó el estado de alerta y movilización. En ese marco, no descartaron profundizar las medidas de fuerza ni avanzar con acciones judiciales si la reglamentación se publica sin consenso.
Los gremios remarcan que no solo fueron ignorados en esta instancia, sino que el Ejecutivo estaría incumpliendo un compromiso público asumido durante el debate legislativo: no modificar el espíritu del proyecto y convocar a todos los sindicatos para trabajar en su implementación. “Hablar de diálogo mientras se cierran las puertas es una puesta en escena”, sintetizaron.
La polémica se da tras la aprobación, por parte del oficialismo provincial, de la emergencia del sistema previsional y de una serie de cambios que incluyen un incremento significativo en los aportes personales. Para los sindicatos, la decisión vuelve a cargar el peso del ajuste sobre los trabajadores, en un contexto de salarios golpeados por la inflación y jubilaciones que vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace años.
Pero el reclamo no se agota en el ámbito provincial. En el mismo comunicado, los gremios reiteraron la exigencia al Gobierno nacional y a la ANSES para que envíen los fondos que, por ley, adeudan a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Se trata de un punto clave que el Ejecutivo provincial suele mencionar, pero que, según los sindicatos, termina funcionando como excusa para trasladar el costo del desfinanciamiento a los empleados activos y pasivos. Mientras la Nación ajusta y demora transferencias, la variable de ajuste vuelve a ser el bolsillo de los trabajadores cordobeses.
Desde el SUOEM, el gremio municipal capitalino, fueron todavía más contundentes: denunciaron que la reglamentación “avanzó sin consenso, sin debate y sin transparencia”, y advirtieron que no se puede pedir paz social mientras se incumplen compromisos públicos. “Si el diálogo no existe en los despachos, existirá en las calles”, alertaron, marcando el clima de conflictividad que podría profundizarse en las próximas semanas.
El documento lleva la firma de un amplio abanico de organizaciones, entre ellas SEP, UEPC, Judiciales, Luz y Fuerza, SUOEM, Bancarios y la Federación de Municipales, lo que da cuenta de un rechazo transversal y no sectorial a la reforma previsional.
