El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, continúa avanzando con una serie de cambios en su gabinete provincial y en las últimas horas confirmó que la legisladora oficialista Nadia Fernández dejará la Unicameral para incorporarse al Ministerio de Justicia, donde trabajará junto al ministro Julián López en áreas sensibles de la gestión.
Aunque la denominación formal del cargo aún no fue definida, desde el Ejecutivo provincial confirmaron que Fernández tendrá bajo su órbita la articulación de la política carcelaria con el Servicio Penitenciario de Córdoba y la coordinación de la política antinarcotráfico en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. Se trata de dos ejes centrales de la agenda de seguridad y justicia del gobierno provincial.
El movimiento forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Llaryora para fortalecer áreas consideradas eminentemente técnicas, dotándolas de mayor capacidad política y gestión territorial. En esa línea, durante el último fin de semana el gobernador anunció también la incorporación de Liliana Montero, exministra de Desarrollo Humano, como secretaria general del Ministerio de Salud, y de Victoria Flores, exministra de Ambiente, como secretaria general del Ministerio de Educación.
Con el mismo criterio, el Ejecutivo dispuso el nombramiento de Marcelo Rodio, exsecretario de Transporte, como nuevo titular de la Agencia Córdoba Cultura, desplazando al segundo plano a Raúl Sansica. Los cambios buscan imprimir mayor dinamismo político a carteras estratégicas en un contexto de alta complejidad social y económica.
Nadia Fernández es una dirigente con extensa trayectoria en el peronismo cordobés. Fue electa legisladora en cuatro oportunidades, en períodos no consecutivos, y en los últimos meses tuvo un rol destacado en debates de alto impacto institucional. Días atrás, fue una de las principales voces del oficialismo en la defensa del proyecto que creó la Procuración Penitenciaria Provincial, el nuevo organismo de control del Servicio Penitenciario, que será encabezado por la exfiscal general adjunta Bettina Croppi.
Ahora, desde el Ejecutivo, Fernández será la encargada de coordinar la política carcelaria, una de las áreas más sensibles del sistema de seguridad provincial, en articulación directa con el Servicio Penitenciario y otros organismos del Estado. Además, tendrá un rol clave en la política antinarcotráfico, trabajando de manera conjunta con el Ministerio Público Fiscal.
El pase de Fernández al Ministerio de Justicia también impacta en la conformación de la Legislatura. La dirigente será reemplazada en la bancada de Provincias Unidas por Doris Mansilla, referente del GEN. Mansilla asumirá la banca en los próximos días, mientras que aún no está definido quién ocupará la vicepresidencia de la Unicameral, cargo que actualmente desempeñaba Fernández. Esa definición se tomará durante la sesión preparatoria, antes del reinicio de la actividad legislativa previsto para el 1 de febrero.
