La ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la última dictadura cívico-militar en Mar del Plata, volvió a quedar en el centro del debate público a raíz de un proyecto empresarial que busca instalar un bar privado dentro del predio. La iniciativa, impulsada por la firma Bullbarrel SA, fue suspendida de manera preventiva por la Justicia federal, que ordenó frenar las obras por un plazo de 60 días hábiles.
La medida judicial estará vigente hasta el próximo 8 de abril y responde a presentaciones realizadas por organismos de derechos humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, que advirtieron sobre el riesgo de que las obras destruyan pruebas fundamentales vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos en ese lugar. La ex ESIM funcionó como un engranaje central del aparato represivo ilegal en la ciudad durante los años de la dictadura.
Los testimonios de sobrevivientes refuerzan la gravedad de la situación. Alberto Pellegrini, quien fue secuestrado a los 20 años y permaneció detenido en la ex ESIM, relató las condiciones extremas de encierro, las golpizas diarias, las torturas y los simulacros de fusilamiento que marcaron su paso por el centro clandestino. A sus 69 años, continúa aportando su testimonio en causas judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad.
Otro sobreviviente, Pablo Mancini, recordó haber escuchado abusos sexuales cometidos por represores contra una mujer detenida, mientras permanecía encapuchado y atado, a pocos metros de distancia. Los relatos coinciden en describir un régimen de terror sistemático, con privación del sueño, imposibilidad de comunicación y condiciones inhumanas de detención.
Las organizaciones de derechos humanos sostienen que en el sector donde se pretende instalar el bar podrían existir enterramientos clandestinos de víctimas. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas afirmó que hay elementos suficientes para considerar que la totalidad del predio fue utilizada como parte del circuito represivo, por lo que no puede fragmentarse ni destinarse a usos comerciales.
El intento de privatización no es nuevo. Bullbarrel SA ya había impulsado proyectos similares en 2019 y en 2022, durante gestiones municipales anteriores, pero ambos fueron rechazados por el Concejo Deliberante. Sin embargo, en agosto de 2024, con una mayoría propia, el cuerpo legislativo aprobó la cesión del uso del espacio por cinco años, con opción a uno más, a cambio de un canon mensual de 250 mil pesos ajustable por inflación.
El procedimiento fue cuestionado por organizaciones sociales y vecinales, que denunciaron irregularidades administrativas, entre ellas la falta de un estudio de impacto ambiental y la ausencia de informes técnicos de la Secretaría Legal y Técnica del municipio. Las presentaciones derivaron en la intervención de la Justicia federal.
En una primera evaluación, el tribunal consideró que no había pruebas concluyentes de que el sector cedido coincida exactamente con el área donde se cometieron delitos de lesa humanidad. No obstante, la querella insistió en que esa división carece de sustento histórico y jurídico, y la Cámara Federal ordenó la producción de nuevas pruebas antes de resolver de fondo.
Mientras tanto, en el predio ya se observaron contenedores, cartelería y materiales de obra, lo que generó preocupación entre los organismos de derechos humanos. El próximo 8 de abril será una fecha clave para definir si se extiende la suspensión o si el proyecto podrá avanzar.
