La implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad volvió a quedar en el centro del debate judicial luego de que la abogada y referente del área, Marta Lastra, denunciara formalmente el incumplimiento del fallo que obliga al Gobierno nacional a ponerla en marcha. La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, y solicita la ejecución de la sentencia dictada en el marco de un amparo colectivo. En dialogo con La Ranchada, Lastra afirmó: «La sentencia salió el 12 de diciembre, calculando los días hábiles e inábiles, el plazo se cumple el 4 de febrero como máximo».
Según detalla la denuncia, el Gobierno argumentó ante la Justicia que la aplicación de la ley requiere una reglamentación previa. La presentación también subraya que existen otras acciones concretas que podrían implementarse de manera inmediata, como autorizar nuevamente altas de pensiones no contributivas que fueron dadas de baja y actualizar el nomenclador de prestaciones en el porcentaje mínimo establecido por la normativa vigente. Para la abogada, la falta de reglamentación invocada por el Ejecutivo funciona como una excusa para postergar decisiones que ya cuentan con respaldo judicial. En referencia a esto, la letrada dijo: «No necesita reglamentar para dar de alta o dar de baja y auditar. Y puede dar la orden al ARCA y decirle, arreglar la situación fiscal de estas instituciones que han sido apretadas por mí por las demoras, la ausencia de actualización de aranceles y por todo lo que vienen afrontando para no dejar a una persona con discapacidad sin prestación. Entonces, aquí hace falta voluntad política, sí, pero ahora ya no va a tener más excusas».
Al ser consultada sobre las expectativas que hay por el pedido que se hace desde el Juzgado Federal de que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad brinden un informe de la implementación de la ley declaró: «Tenemos que tener garantizadas las prestaciones de las personas con discapacidad, que lo tenemos a través de los sistemas activos, a través de obras sociales y de medicina prepaga. Tenemos que tener garantizadas la universalidad, la continuidad de las prestaciones de rehabilitación, educación y transporte».
Al concluir la nota, pidió por seguir la lucha unidos para poner un freno a las demoras y falta de respuestas por parte de las prepagas, las obras sociales y el Gobierno Nacional. Además de pedir que se tenga por denunciado el incumplimiento del fallo, Lastra dejó expresamente planteada la reserva de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario, en caso de que persista la falta de ejecución de la sentencia. Esta posibilidad abre un nuevo capítulo judicial en un conflicto que lleva meses sin resolverse y que impacta de manera directa en miles de familias en todo el país.
Escuchá la nota completa con Marta Lastra acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
