Una fuerte controversia política se desató en Córdoba luego de que el Tribunal de Cuentas frenara la licitación impulsada por el Gobierno provincial para adquirir drones destinados a la Policía. La medida bloqueó una contratación que contemplaba una inversión de 6,8 millones de dólares para la compra de 15 dispositivos que iban a conformar una nueva división especializada dentro de la fuerza de seguridad. Tras conocerse la decisión, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, salió con dureza a cuestionar a la mayoría opositora del organismo de control y afirmó que se busca “dejar indefensa a Córdoba”.
El proyecto había sido anunciado en mayo de 2025, cuando la Provincia informó la creación de una unidad específica de drones dentro de la Policía y abrió el proceso licitatorio para dotarla de equipamiento tecnológico. La iniciativa formaba parte de un plan de modernización de la seguridad y de incorporación de herramientas de vigilancia aérea para tareas preventivas, operativos y apoyo a investigaciones. Sin embargo, este sábado trascendió que la contratación quedó paralizada por una resolución del Tribunal de Cuentas, dominado por sectores opositores.
Quinteros reaccionó con un extenso mensaje público en el que apuntó directamente contra lo que denominó el “juecismo”, al que vinculó con el espacio libertario. “Cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia. Detrás del cinismo de un supuesto ‘control’, el juecismo, disfrazado de libertario, pretende que haya menos seguridad para los cordobeses”, expresó el funcionario.
El ministro sostuvo además que la resolución que frena la compra no cuestiona ni el monto de la inversión ni el procedimiento administrativo de la licitación, sino la decisión política de incorporar tecnología de última generación a la fuerza policial. Según su interpretación, el dictamen apunta a impedir que la Policía de Córdoba sea equipada “con tecnología del primer mundo”, pese a que, aseguró, las áreas técnicas del propio Tribunal de Cuentas habían recomendado aprobar la operación.
En ese sentido, Quinteros fue todavía más allá y afirmó que el bloqueo responde a una postura ideológica y no técnica. “Las áreas técnicas aconsejaron avanzar con esta inversión en seguridad y, aun así, se decidió frenar el proceso. Eso es militancia disfrazada de dictamen jurídico”, sostuvo, en un tono que profundizó la tensión entre el Ejecutivo provincial y el organismo de control.
El funcionario cerró su intervención con un mensaje enfático en defensa de la política de seguridad del Gobierno. “Eso no es oposición. Eso es jugar con la vida de la gente. Y frente a eso, no vamos a callarnos. Vamos a seguir gobernando, dando la cara y defendiendo una Córdoba más segura, con firmeza, con coraje y con absoluta legitimidad democrática”, afirmó.
La decisión del Tribunal de Cuentas y la respuesta del Ministerio de Seguridad abrieron un nuevo frente de debate en la política cordobesa, con la incorporación de tecnología para la prevención del delito en el centro de la escena.
