Córdoba se ubica en lo más alto del ranking nacional de personas privadas de la libertad en relación con su población. Según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la provincia registra una tasa de 377 detenidos cada 100 mil habitantes, cifra que supera ampliamente el promedio argentino, situado en 258. El estudio también advirtió que en la última década la jurisdicción duplicó su cantidad de presos, en un contexto marcado por la sobrepoblación carcelaria y un elevado porcentaje de personas sin condena.
El relevamiento, titulado La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos (2024), expone que desde 2015 la población carcelaria del país creció un 67,7% y alcanzó en 2024 un récord histórico de 121.443 personas encarceladas. Ese año, además, el ritmo de aumento fue del 7,1%, por encima del promedio anual registrado durante los últimos 25 años, lo que encendió alertas entre organismos especializados en derechos humanos.
Dentro de ese escenario nacional, Córdoba aparece como uno de los distritos donde el incremento fue más acelerado. En 2015 había 6.802 personas detenidas en establecimientos provinciales, mientras que en 2024 el número trepó a 14.736, lo que implica una suba del 116,6%. Solo Santa Fe y Santiago del Estero mostraron evoluciones superiores en el mismo período. En términos absolutos, la provincia quedó en segundo lugar detrás de Buenos Aires, pero al considerar la cantidad de presos en relación con el total de habitantes pasó a encabezar la lista.
El informe también puso el foco en la situación de las unidades penitenciarias cordobesas. Las nueve cárceles provinciales funcionan con una ocupación promedio del 113,8%, lo que significa que por cada 100 plazas disponibles hay casi 114 personas alojadas. Aunque el nivel nacional de sobrepoblación resulta aún mayor, el CNPT señaló que las condiciones edilicias sostienen un escenario de hacinamiento que incumple estándares internacionales en materia de derechos humanos y agrava los problemas de convivencia y salubridad dentro de los penales.
Otro de los datos centrales es la composición de la población carcelaria según su situación procesal. En Córdoba, cinco de cada diez detenidos permanecen encarcelados sin condena, a la espera de un juicio. Ese porcentaje supera la media nacional, donde el 37% de las personas privadas de la libertad son procesadas y el 62% ya cuenta con sentencia firme. El crecimiento del uso de la prisión preventiva es uno de los puntos que más preocupación genera entre los organismos de control.
En cuanto al tipo de delitos, la mayor parte de las personas encarceladas en la provincia está imputada o condenada por hechos contra la propiedad, que representan el 41% del total. En segundo lugar aparecen los delitos contra las personas, con el 19,2%, y los vinculados a la integridad sexual, con el 19,1%. Más atrás quedaron los casos relacionados con estupefacientes, que promedian el 9,7%.
La situación de las cárceles cordobesas también fue analizada recientemente en una audiencia especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde funcionarios judiciales debieron dar explicaciones por la sobrepoblación y el uso extendido de la prisión preventiva. Los números presentados en el informe del CNPT refuerzan esas advertencias y muestran una tendencia sostenida al aumento del encarcelamiento, incluso de personas que todavía no cuentan con una condena, en un contexto que vuelve a poner en debate las políticas penitenciarias y de seguridad en la provincia.
