A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Ígnea por el plazo de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, como consecuencia de los incendios que vienen afectando a la región patagónica.
La decisión responde a los reclamos de vecinos, gobernadores y sectores opositores, que habían advertido sobre presuntos incumplimientos en los presupuestos destinados al combate del fuego, el funcionamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el pago de haberes a brigadistas. En ese marco, también se había pedido que la iniciativa fuera enviada al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Durante la última semana, cinco mandatarios provinciales de la Patagonia se pronunciaron públicamente en favor de la declaración de emergencia. Según lo informado oficialmente, el decreto contempla tanto la presupresión —las tareas de planificación y prevención previas a la temporada de incendios— como el combate directo de las llamas, la restauración de las zonas dañadas y la adopción de medidas para evitar nuevos focos.
Además, el DNU declara “zona de desastre” a los territorios comprometidos en esas provincias, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.
La norma encomienda a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de las acciones de prevención, lucha contra los incendios, asistencia a la población afectada y apoyo a provincias y municipios para la recomposición social y productiva.
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la sequía, los fuertes vientos y la magnitud de los incendios registrados en el Parque Nacional Los Alerces y áreas cercanas superaron la capacidad de respuesta local, generando riesgos para bienes materiales, el ambiente y la vida de las personas.
Finalmente, el Gobierno justificó el uso del DNU al considerar que el trámite legislativo ordinario podría demorar la adopción de medidas urgentes, y dispuso dar cuenta de la decisión a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su posterior análisis.
